Tras cien días de legislatura se produce el primer encuentro del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, en La Moncloa. Esta reunión, con el problema económico candente, es la novena que mantienen ambos líderes en la sede presidencial y pone fin -o no- a los enfrentamientos que se han protagonizado en los cien días de Gobierno.
Sobre la mesa, cinco pactos de Estado listos para que marquen posiciones: terrorismo, Justicia, modelo de Estado, pensiones y política exterior.
Una agenda para la que este encuentro puede quedarse corto, pero que sin duda definirá el escenario de esta segunda legislatura de Zapatero, marcada por la crisis económica, el apoyo parlamentario justo, el desafío de la consulta de Juan José Ibarretxe, los nuevos rumbos en política inmigratoria y la necesidad de acercar posturas en materia de política antiterrorista.
En materia económica, donde mantienen posturas irreconciliables, Rajoy ha ofrecido al Gobierno colaboración, no sin antes destacar que su actual gestión de la crisis puede estar "poniendo en peligro" las políticas sociales del futuro, precisamente uno de los puntos que hacen sacar pecho a Zapatero. "De esta crisis se va a salir", sentencia Rajoy, pero tenemos que procurar que sea "cuanto antes". Ofrecida la ayuda popular en materia económica, con la salvedad de retomar un acuerdo de "no disponibilidad presupuestaria" -contención del gasto corriente- como el de 1996, quedan otros frentes abiertos.
Justicia
Dos renovaciones, la del Consejo General del Poder Judicial -el órgano de gobierno de los jueces- y la del Tribunal Constitucional, que quiere acometer el Gobierno, se vinculan por parte de los populares a una reforma global de la Justicia. "Es la verdadera asignatura pendiente de este país", indican. Son varios meses los que se lleva intentando sellar un acuerdo en esta materia y, por lo pronto, el Ejecutivo ya va abriéndose paso. Así, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un informe sobre el anteproyecto de ley para implantar la nueva Oficina Judicial, destinada a modernizar la Administración de Justicia.
Terrorismo
En materia antiterrorista, la situación ha cambiado radicalmente en esta legislatura . Mariano Rajoy viene manifestando en las últimas semanas que el Ejecutivo cuenta con "su apoyo" en la lucha contra el terrorismo. El líder popular afirma que su posición no ha cambiado y ayer mismo declaró que "creemos que el camino para la derrota de ETA es la ley, la Policía y la Guardia Civil y la colaboración incondicional".
En la legislatura pasada no se mencionaba para nada el "apoyo absoluto" del que habló ayer Rajoy. La política defendida por el presidente del Gobierno sobre la necesidad de negociar con ETA dio lugar a algunos de los más duros enfrentamientos entre los dos partidos e, incluso, a movilizaciones ciudadanas convocadas por el PP. Ahora, Mariano Rajoy marca como objetivo de su partido "llegar a un entendimiento en materia de lucha contra el terrorismo".
En el ambiente flota, sin embargo, la presión de los colectivos de víctimas del terrorismo, incrementada a raíz de la inminente puesta en libertad de Ignacio de Juana Chaos y, sobre todo, por la noticia de que se trasladará a vivir a escasos metros de varios afectados por atentados de la banda. Rajoy también apoyará a Zapatero si acomete medidas legales que garanticen los derechos de las víctimas para evitar, precisamente, el mencionado caso de Juana Chaos y que calles del País Vasco estén dedicadas a etarras.
Pensiones
El tercer gran pacto que el presidente del Gobierno y del principal partido de la oposición pretenden alcanzar atañe a la mejora del sistema de pensiones. El vigente modelo, regulado por el Pacto de Toledo, sigue siendo sólido, pero elementos inevitables como el envejecimiento de la población hace necesario su revisión a medio plazo. Mariano Rajoy señaló recientemente que el Pacto, que data de 1995, "no corre peligro", pero está convencido de que hay que mejorarlo y para ello, nada mejor que el presidente Rodríguez Zapatero y él, como líder de la oposición, "nos sentemos a hablar".
Política exterior
Rajoy ya ha ofrecido hace meses a Zapatero un pacto sobre política exterior, con el fin de que España tenga "un papel en el mundo" y cuente con un peso internacional "mucho mayor" que el de la anterior legislatura . La soledad de Rodríguez Zapatero en alguna cumbre, como la puesta de manifiesto en la reciente cumbre de la OTAN, fue el detonante de este ofrecimiento. Todo apunta a que en el encuentro de hoy el líder de la oposición reitere la línea de su propuesta y su finalidad de dar a España mayor relevancia en la política internacional.
La política exterior fue otra de las grandísimas discrepancias entre los dos grandes partidos en la anterior legislatura , la primera de Zapatero. En especial, las relaciones de España con Estados Unidos fueron la piedra de toque de sus diferencias. Atrás quedó la época Aznar, en que la relación bilateral era próxima, para dejar paso al casi absoluto distanciamiento de Zapatero y el presidente norteamericano, George W. Bush.
Modelo de Estado
El manejo de la semántica ha sido, sin duda, uno de los puntos claves del mensaje de Zapatero, en ésta y otras materias. Desde llamar a la crisis económica de 15 maneras distintas hasta sostener que "el concepto de nación es discutido y discutible", el presidente ha realizado un manejo político del lenguaje.
Pero en el encuentro con Rajoy, tendrá que traspasar esa barrera. Los planes soberanistas de Ibarretxe y su consulta no dejan otra opción. Y parece que en esto sí hay acuerdo entre oposición y Gobierno. El PP presentará un recurso de inconstitucionalidad a la ley aprobada por el Parlamento Vasco y ha dejado patente su apoyo a las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno en esta materia.
Con este orden del día, queda patente que en la reunión -que arrancaba con el tema estrella de la economía- se dirimirán claves de suficiente calado como para marcar la legislatura . La guerra entre ambos frentes está servida, las posturas definidas, los objetivos claros. Ahora sólo falta ver cómo se miden las fuerzas y se libra la batalla.
La economía como clave
Las primeras señales de alarma saltaron a primeros de año. El excelente ritmo de crecimiento que mantenía el PIB español empezaba a detenerse. Cada previsión trimestral o anual rebajaba la anterior hasta llegar a la última que ha hecho pública el propio Gobierno: en 2008 se crecerá un 2 por ciento, casi la mitad que en 2007, año que finalizó con un incremento de la riqueza nacional del 3,8 por ciento.
Y esta es la previsión optimista, pues organismos internacionales, como el FMI, y organismos e instituciones de análisis predicen que, con suerte, se superará mínimamente el 1,5 por ciento. Mientras, el PP exige al Gobierno que reconozca la realidad y aplique medidas de calado.
La recaudación neta ha caído. Hasta junio fue un 0,9 por ciento menor que en el mismo periodo del año anterior. Los menores beneficios empresariales, recortados por el alza del crudo, hacen mella en la tributación por Impuesto de Sociedades, que cayó un 17,6 por ciento. Al Estado le crecen los gastos al 10 por ciento y los ingresos a la mitad de ritmo, el 4,8 p or ciento. Así, a mitad de año, el Estado entró en déficit por primera vez en tres años. Esto supondrá un duro escollo en la negociación del Gobierno y la oposición. No en vano el PP propone austeridad en el gasto y un acuerdo de "no disponibilidad presupuestaria" para afrontar la crisis económica.
La vertiginosa desaceleración económica se ha cebado con el mercado laboral. Salvo en marzo, en todo 2008 se han registrado subidas del desempleo, con hitos como el de enero: 132.378 parados más. Para colmo junio cerró con una caída de 199.259 afiliados, buen termómetro de la magnitud de la crisis. Rajoy no desaprovechará la posibilidad de blandir el "ya lo advertimos", pues los populares no han dejado de insistir en los problemas que para las familias surgirían cuando el mercado de trabajo se tambaleara. De hecho, en su propuesta económica piden un plan de ayudas para la creación de pymes, por su papel crucial en la generación de puestos de trabajo.
Subida del precio del petroleo
El IPC sube sin parar. Desde principios de año ha ido ganando terreno, hasta situarse en el 5 por ciento en junio. Aquí la oposición tiene madera para hacer frente, pues el Ejecutivo hizo gala de un notable optimismo y aseguró que, pasada la primavera, quizá en verano, la inflación volvería a niveles más asumibles. No ha sido así, el petróleo -la energía, en general- y los alimentos siguen aupando los precios de forma cada vez más contundente y estructural. No en vano la inflación subyacente -sin energía y alimentos frescos- empieza a hacerse fuerte. En este punto los populares piden reformas estructurales, en especial la liberalización de los servicios.
La escalada sin fin del precio del crudo está pasando factura a toda la sociedad. Empresas, profesionales y consumidores en general ven encarecerse mes a mes sus facturas de combustible. Los ciudadanos están soportando incrementos de casi un 13 por ciento de la gasolina de 95, la más utilizada, y de casi el 24 por ciento del gasóleo respecto a 2007. La electricidad sube para todos, de 5 en 5 por ciento, desde hace meses y el gas ha aumentado un 4,7 por ciento. Ello implica, inevitablemente, que se encarezcan otros productos. El Gobierno quiere apostar por energías renovables. El PP, además, defiende el uso de la energía nuclear y levantar la moratoria para construir más centrales.
El precio de la vivienda
La vivienda, hoy por hoy, es el gran problema de la sociedad, ya sea para el consumidor, con subidas constantes del euribor y por tanto de las hipotecas, ya sea para los profesionales de un sector económico que se está hundiendo. El Ministerio de Vivienda, que es consciente de que "hay un ajuste duro del sector", tiene como prioridad conseguir más suelo para construir viviendas protegidas y facilitar el acceso a la propiedad a más ciudadanos, además de fomentar el alquiler.
Los populares proponen reducir los impuestos que gravan la vivienda y liberalizar más suelo, además de construir más de dos millones de viviendas con un precio que no supere los 160.000 euros.
La financiación autonómica
Un pacto en financiación autonómica sin guerra entre regiones. Eso quiere el Partido Popular. Desde luego, es de suponer que una confrontación entre autonomías no será plato de gusto para el Gobierno socialista, que deberá atemperar posturas. Y tiene poco tiempo. Ayer tras la reunión ayer del vicepresidente económico, Pedro Solbes, con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, queda poco para que empiece lo que ha denominado la "negociación pura". Y la voluntad del Ejecutivo es que el nuevo modelo arranque a comienzos de 2009. Los enfrentamientos regionales sólo pueden alargar los plazos y minar el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.
Mientras el PP defiende, ante el empeoramiento económico, la austeridad en el gasto y las bajadas de impuestos, el Ejecutivo socialista se ha afanado -tras reconocer tarde y a duras penas la crisis económica- en prometer que no dará un paso atrás en derechos sociales. Medidas como el cheque bebé, el adelanto fiscal de 400 euros en IRPF y la lógica subida en el monto de las prestaciones por desempleo comprometen una importante cantidad de fondos. No han faltado las críticas a algunos de estos cheques, por estimarse que benefician a colectivos que no tienen por qué ser los más necesitados. Todo apunta a que Rajoy aprovechará hoy el filón que dan estos razonamientos.
Ante una crisis económica de esta magnitud, y con las inmobiliarias desfilando sus procesos concursales por los juzgados, surge la disyuntiva de si ayudar o no a sectores en crisis, extremo que en España protagoniza especialmente la construcción y las industrias relacionadas. En este punto, el Partido Popular propugna la máxima de que cuanto menos intervencionismo, mejor. Ayudar a unos en detrimento de otros no deja de ser un agravio. Si bien el Ejecutivo sigue también una línea que descarta ayudas a sectores concretos, sí es cierto que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, apuntaba hace unos días una postura más flexible en casos concretos.
La política inmigratoria socialista ha dado un giro. De las regularizaciones masivas de Caldera se ha pasado a la figura del retorno voluntario de inmigrantes con la prestación por desempleo acumulada y capitalizada. Ahora, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, asegura que España necesita, para poder competir, más inmigración cualificada. Esto apunta a una entrada de trabajadores extranjeros más selectiva. Mientras, Rajoy sigue en la postura expuesta hace meses y que tanto debate mediático levantó: el contrato de integración. Puesto que en política inmigratoria se debate hoy uno de los cinco grandes pactos de Estado, el debate está servido.
