La propuesta de aumentar en 1.500 euros al mes la partida para asistentes de los eurodiputados pone en el punto de mira a este personal de confianza de los parlamentarios europeos.
Los asistentes parlamentarios son los grandes desconocidos de una institución en la que realizan desde asesoría política a coordinación administrativa y logística, y que son imprescindibles para que cada uno de los 751 eurodiputados pueda realizar su trabajo.
Eurodiputados actuales como Antonio López Istúriz (PP), Francesc Gambús (UDC), Inés Ayala (PSOE) o Ernest Urtasun (ICV) fueron en legislaturas pasadas en algún momento asistentes. También tienen esa experiencia en el currículum el actual presidente del Eurogrupo y ministro holandés de Finanzas, Jeroen Djisselbloem, la primera ministra danesa, Helle Thorning-Schmidt o el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
En la actualidad cada eurodiputado dispone de 21.379 euros mensuales para pagar a sus colaboradores, y desde hace unos años y para evitar malos usos, esa partida es administrada directamente por el PE y no por el propio eurodiputado. Esa cantidad podría aumentar desde el próximo año en 1.500 euros al mes (el total subiría a 22.879 euros desde el 1 de enero de 2016) si se hace efectiva la subida por la que ha abogado hoy la mayoría del hemiciclo y después de que la partida permaneciera congelada desde 2010.
Ya el pasado lunes el pleno del PE se mostró favorable a ese aumento, pero la mayoría de eurodiputados españoles votó en contra. Cada eurodiputado dispone de esa partida para contratar a sus asistentes que tienen sueldos que oscilan entre 1.900 y 4.300 euros, aproximadamente, según fuentes parlamentarias.
Tres asistentes por eurodiputado
La mayoría de parlamentarios europeos, cuenta con entre dos y tres asistentes en Bruselas y Estrasburgo y al menos otro local en su país para coordinarles visitas y trasladarles las preocupaciones en su jurisdicción. Además de coordinar agenda, viajes y reuniones del eurodiputado, su trabajo tiene una vertiente más política que consiste en ayudarles a elaborar enmiendas, informes, preguntas parlamentarias e intervenciones en el pleno, principalmente.
Jon Rodríguez, de 24 años, es uno de los asistentes de Marina Albiol, la jefa de filas de IU en el PE, un miembro "imprescindible" del equipo, explicó a Efe la eurodiputada. Con estudios Semíticos e Islámicos y un Máster en Política Internacional, Rodríguez era militante de IU y tras las elecciones europeas de mayo de 2014 participó en el proceso de selección para sumarse al trabajo en el PE. "Lo que más me gusta es vivir el día a día de la Eurocámara y tener la capacidad de poner un granito de arena en sus políticas", explicó el joven, que dice sentirse satisfecho de su sueldo y condiciones.
Codo a codo con otra eurodiputada, Beatriz Becerra (UPyD), trabaja también Javier Corrales, de 33 años, y con experiencia previa en Bruselas. Sin carné del partido, pero con coincidencias con el proyecto del partido, superó las pruebas para ser asistente, un trabajo que le ha supuesto "un nuevo reto" a este piloto comercial con un Máster en Estudios Europeos y en camino de graduarse en Derecho. Corrales señaló que al pertenecer a un grupo pequeño "hay que echar muchas horas porque hay poco equipo, pero es muy satisfactorio".
Muchos de los asistentes, especialmente los que militan desde hace años en los partidos, han trabajado antes en política nacional. Es el caso de Jordi Cañas, de Ciudadanos, que desempeña esa posición en esta legislatura de la Eurocámara después de dejar de ser portavoz de ese partido en el Parlamento catalán al abrírsele un proceso judicial en un caso de presunto fraude fiscal.
La mesa del PE y la comisión de Presupuestos del PE han reclamado que esa subida se acompañe de una nueva regulación para evitar abusos, especialmente en los últimos países en adherirse a la Unión Europea (UE), donde algunos eurodiputados tendrían más de una docena de asistentes locales.
La oficina antifraude europea (OLAF) abrió recientemente una investigación contra el ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen, que estaría presuntamente utilizando esos fondos para los sueldos de trabajadores del partido que se ocupan de política nacional y tareas que nada tienen que ver con la Eurocámara. Algunas informaciones periodísticas apuntaban en las últimas semanas que OLAF podría investigar ese mismo caso con respecto a Podemos, pero no existe confirmación de ninguna apertura de expediente formal contra la formación de Pablo Iglesias.
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