El exconsejero de Presidencia y diputado nacional Gaspar Zarrías explicó este jueves en el Tribunal Supremo, que investiga su supuesta implicación en la causa de los ERE fraudulentos en Andalucía, el mecanismo de alerta que se utilizaba en el caso de que la Intervención General de la Junta de Andalucía apreciara que se tenían que poner en marcha para evitar irregularidades y que, según su testimonio, les manifestaba el consejero de Hacienda, que por entonces era Zarrías.
A preguntas del instructor Jorge Alberto Barreiro, Zarrías aseveró desconocer la existencia de Memorias de la Intervención General de la Junta de Andalucía que precedieron a los acuerdos de 2006 a 2008 en los que se advertían irregularidades en las transferencias de financiación, en concreto la falta de fiscalización previa de las ayudas.
No obstante, explicó que esta tramitación nacía en la propuesta De la Consejería de Hacienda y que contenían todas las cuestiones que planteaba la Intervención.
Según su versión, lo que les manifestaba el consejero de Hacienda, por aquel entonces, José Antonio Griñán, es que se recogían todas las cuestiones que el interventor entendía que se tenían que poner en marcha para evitar irregularidades. Además, recordó que todas las referencias que se producían iban incrementando los mecanismos de control financiero en función de lo que había dicho el interventor.
No se pedía carnet
Zarrías se mostró plenamente convencido de la equidad de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía cuyas supuestas irregularidades investigan los tribunales y mantuvo que "a ningún solicitante se le pidió el carnet de militancia".
Según consta en el resumen de su declaración ante el instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, Zarrías dijo, a preguntas de su abogado, que no le constaba que existiera un sistema para hacer llegar una parte de las ayudas a quien no las mereciera.
Además, defendió que la generalidad de las ayudas sociolaborales llegó a buen fin y detalló que de las más de 6.000 concedidas, hay irregularidades en unas 200, cien de ellas por problemas administrativos y de las restantes, no llegan a diez las que afectan a militantes del PSOE.
La oposición tampoco advirtió
El socialista también puso de manifiesto que hasta que se presentó la denuncia por el caso nadie de la oposición advirtió de que el sistema no era el correcto.
En esa línea, ante el instructor, Zarrías insistió en que los grupos de la oposición nunca hicieron objeciones en el procedimiento y en las cuantías de las enmiendas que modificaban las partidas para las ayudas.
Como ya explicara él a los medios de comunicación al abandonar el Tribunal Supremo, en su declaración quiso dejar claro que las modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles' que llegaron a las sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros andaluces -los denominados 'consejillos'- y se elevaron al Consejo de Gobierno "eran ajustadas a derecho" y contaban con "todos los requisitos que marca la ley".
Zarrías aclaró ante el magistrado que los 'consejillos' son un órgano colegiado en el que no se vota sino que las decisiones se adoptan por consenso y que -incidió- nunca elevó modificaciones de crédito que no contaran con la documentación y los requisitos legales.
Además, como presidente de esos 'consejillos', precisó que no tenía capacidad para vetar o retirar proyectos ni para imponer su criterio a los viceconsejeros. Todas las modificaciones presupuestarias que se elevaron al Consejo de Gobierno contaban con el informe favorable del interventor, "si no hubiera sido así no se hubiera elevado", se recoge en el resumen de la declaración.
Ni mentor ni jefe de lanzas
Preguntado por su relación con el conseguidor de los ERE y responsable de UGT, Juan Lanzas, el exvicepresidente andaluz dijo que conoció a éste como interlocutor del sindicato en el contexto de las ayudas a la extinta Cárnicas Molina.
Zarrías negó ser el mentor o el jefe de Lanzas e insistió en que su tarea era la de la intermediación política para que la actividad de la empresa continuara y no dejar en el desamparo a los trabajadores.
Sobre las el uso del instrumento presupuestario denominado transferencias de financiación, Zarrías detalló que esta figura presupuestaria se utilizaba en la Junta y también existe en el resto de administraciones.
En el caso de su consejería, la de Presidencia, se utilizaba para trasladar fondos a la televisión pública de Andalucía, según detalló Zarrías al instructor.
Sobre la legalidad de este instrumento, el diputado señaló que nunca nadie, en el ámbito de sus funciones, le comunicó nunca que este tipo de procedimientos vulneraran el derecho y tampoco conoció ningún informe de la Intervención General de Andalucía que alertara al respecto.
El instructor preguntó a Zarrías de forma concreta por un Decreto de la Consejería de Empleo sobre el sistema de concesión de ayudas del que Zarrías dijo que su elevación al Consejo se demoró, en un principio, al existir dudas sobre el rango que debía tener la normativa, si bien después se archivó.
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