El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha apuntado este martes durante su declaración como imputado en la pieza de los ERE fraudulentos que se instruye en el Tribunal Supremo que, en diez años de debates presupuestarios, ninguno de los centenares de diputados que han pasado por las cortes andaluzas ha hecho observación alguna de ilegalidad respecto del sistema de "transferencias de financiación" que se utilizó para tramitar las ayudas socio-laborales.
Según se detalla en el acta de declaración, a juicio del actual diputado nacional es muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados hayan visto absolutamente nada ilegal. Ha negado negado además haber conocido nunca ningún informe de la intervención poniendo reparos a estas ayudas.
Chaves ha explicado ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro que nunca despachó con un director general, que únicamente lo hacía con consejeros y que ninguno de ellos le puso de manifiesto la existencia de ilegalidades.
También ha manifestado que nunca le llegó ningún informe de la intervención ni tuvo sobre la mesa del Consejo de Gobierno ningún informe de actuación al respecto.
200 directores generales
El expresidente andaluz ha manifestado ante el instructor de la causa en el Tribunal Supremo que en todo Andalucía había 200 directores generales y que él partía de la idea de que el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era completamente legal.
Entiende que si la intervención hubiera considerado que el presidente de Andalucía tenía que estar enterado de la ilegalidad, lo habría comunicado.
Al lo largo de su declaración, Chaves ha negado igualmente saber siquiera que se hubieran encargado ningún informe externo por la Junta de Andalucía como el que realizó la firma jurídica Garrigues advirtiendo de una serie de irregularidades en el sistema de concesión de ayudas socio-laborales.
Antes los medios tras declarar
El expresidente de la Junta recalcaba ante la prensa tras salir de declarar que durante su etapa al frente de la Presidencia de la Junta el Consejo de Gobierno "nunca jamás" adoptó "ninguna decisión ilegal" y señalaba que las ayudas sociolaborales fueron "positivas" para los trabajadores y la lucha contra el paro.
"Durante tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta, los 19 años, nunca jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal, nunca, ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad", defendía el expresidente en una breve comparecencia ante los periodistas en la que no ha aceptado preguntas.
"Lo que he hecho siempre a través de mi trayectoria política como presidente de la Junta de Andalucía, como ministro y como vicepresidente del Gobierno, cualquier decisión política o normativa que he tomado, la he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios", ha ahondado.
El actual diputado nacional ha comparecido durante dos horas y media ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Alberto Jorge Barreiro en calidad de imputado, al igual que el resto de aforados nacionales, en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas".
Chaves ha defendido que las ayudas estaban basadas en los acuerdos de concertación firmados con los sindicatos y las organizaciones empresariales y ha insistido en que "tuvieron efecto positivo en lucha contra paro y desempleo".
Matiz a Griñán
En tercer lugar, al hilo de la existencia o no de un fraude en el caso, ha señalado que si hubo alguna persona que "utilizó fraudulentamente los fondos", serán los jueces, la Justicia la que determine si "las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no".
"Si el fraude fue pequeño o fue grande eso lo tendrán que determinar los tribunales de Justicia", ha señalado Chaves toda vez que su sucesor al frente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras su declaración del pasado jueves mantuvo que "no hubo un gran plan pero sí un gran fraude".
Cabe recordar que a Chaves se le citó en relación a actos realizados como presidente de la Junta andaluza y previsiblemente ha dado explicaciones sobre el contenido del informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgarlas ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado "transferencias de financiación".
En su informe pericial, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas.
En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez de Sevilla que investiga la matriz de esta causa acusa indiciariamente a los aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.
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El futuro de Chaves y Griñán