Durante los años que Alberto Ruiz-Gallardón ejerció como ministro de Justicia, no dejó indiferente a casi nadie, generando varias polémicas que provocaron la caída de su valoración política y ciudadana y desembocaron finalmente en su dimisión.
Ley de Tasas Judiciales
La Ley de Tasas Judiciales ha sido una de las normas auspiciadas por el Ministerio de Justicia más criticadas por ciudadanos, juristas y grupos políticos. Si bien la norma se aprobó ya en 2012, un Real Decreto-ley de 2013 intentó suavizarla en un tímido intento del ministro de calmar los ánimos de sus detractores. Sin embargo, la práctica totalidad de los sectores jurídicos siguieron insistiendo en que la Ley vulnera el derecho de acceso a la justicia de miles de ciudadanos creando "una Justicia a dos velocidades: una para ricos y otra para pobres".
Reforma del Código Penal
La reforma del Código Penal, que aún sigue en el tintero, es tan polémica como extensa, y ha despertado críticas por puntos tan dispares de su articulada como la prisión permanente revisable, la introducción de la custodia de seguridad o la tipificación de la actividad de las web de enlaces a contenidos ilegales, actividad esta última que podrá castigarse con hasta 6 años de cárcel en los subtipos agravados.
La norma también introducirá cambios en materia de delitos económicos: los relativos a la propiedad, los agravantes de la estafa, la administración desleal, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, las insolvencias punibles, la corrupción privada, la malversación y la corrupción de agentes públicos extranjeros son algunas de las teclas que toca el futuro texto. Sus principales detractores hablan de reformas "a golpe de titular" y de excesivas restricciones a través de las penas propuestas.
Reforma del CGPJ
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que había permanecido en funciones cerca de tres meses, fue tachada de "partidista" y "errónea" por los sectores del mundo de la Justicia y por algunos partidos políticos, que incluso plantearon un recurso ante el Tribunal Constitucional. Mientras PP y PSOE, que sorprendieron a todos con un acuerdo in extremis, defendían el "prestigio y excelencia" de los vocales designados, las críticas llegaron de casi todos los frentes. Los jueces criticaron una distribución partidista, y llegaron a decir que la institución está "herida de muerte". Otros vieron en el sistema de designación un "reparto de cuotas" que convierte al CGPJ en un "miniparlamento" y en una "pantomima".
Ley de Justicia Universal
Con los únicos votos a favor del Partido Popular y por el trámite de urgencia, el Congreso aprobaba el pasado febrero una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitaba seriamente los casos en que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. En la práctica, las consecuencias pasaban por que las causas que se encuentren a la espera de resolución por los tribunales españoles -tan conocidas como el caso Couso o los asesinatos cometidos en el Sáhara-, quedarían automáticamente archivadas o sobreseídas al entrar en vigor la reforma.
Este mes de julio llegaron los primeros enfrentamientos judiciales en torno a la cuestionada norma: el Tribunal Supremo anuló la decisión de la Audiencia Nacional de dejar en libertad, al amparo de la nueva norma, a varios narcotraficantes que estaban en prisión a la espera de juicio.
Reforma del Registro Civil
También con el único apoyo del PP consiguió ver la luz la reforma del Registro Civil que traspasa la llevanza del Registro Civil a los registradores mercantiles y civiles y crea una Corporación pública. La práctica totalidad de los grupos de la oposición rechazaron la reforma, al considerar que se trata de una privatización del servicio. Durante el debate parlamentario los grupos de la oposición mostraron sus sospechas de que detrás de esta reforma se encuentre un negocio de empresas de informática, dudaron de que los registradores realicen el servicio con carácter gratuito y denunciaron un intento de privatización del servicio.
También está en el punto de mira de registradores y notarios la modificación de la demarcación notarial y registral que, si bien aún no ha llegado al Parlamento, de seguir su andadura unificará y cerrará registros y notarías.
Ley del Aborto
La Ley del Aborto ha sido la guinda de tanto desatino o, al menos, la norma que finalmente ha servido de excusa al ministro para alejarse de la primera fila de batalla. Y es que, si ha habido una propuesta que ha traído de cabeza a jueces y fiscales, como claro reflejo de los recelos despertados entre los propios ciudadanos, ha sido la Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.
La propuesta de Gallardón pasaba por eliminar el aborto libre en las 14 primeras semanas, instaurado por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, y establecer un sistema de indicaciones más restrictivo que el de 1985 al eliminar las malformaciones del feto como supuesto para poder abortar -aborto eugenésico-.
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Las polémicas como alcalde