El primer arranque del curso escolar tras las aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida popularmente como la 'Ley Wert', no ha podido ser más polémico. Con el curso empezando hoy día 3 de septiembre en la Comunidad Valenciana y la próxima semana en el resto de comunidades excepto Cataluña, que comenzará toda sus clases el 15 de septiembre, la mayoría de los centros de Educación Primaria españoles plantan cara al dictamen de la ley que dispone la adquisición de nuevos libros de texto para el alumnado. Andalucía y Cataluña minimizarán los efectos de la ley Wert tras la sentencia del Supremo
El conflicto deriva de la implantación este curso de la ley en 1º, 3º y 5º de Primaria, que lleva aparejada la elaboración de nuevos libros por las editoriales. Por ejemplo, la asignatura de Conocimiento del Medio, que se desdobla en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, implica dos libros distintos. Valores Cívicos, la alternativa a Religión, supone un texto propio y, en el resto de materias, como Matemáticas, Lengua e Inglés, se incorporan unidades didácticas nuevas.
Seis comunidades del PP en contra
Sin embargo, pese a estas novedades, la mayoría de las comunidades autónomas no van a obligar a los centros educativos a cambiar los textos, pero son estos los que tienen la última palabra. Así, el Ejecutivo de Castilla y León propone que los profesores elaboren las nuevas unidades didácticas para que los alumnos no tengan que comprar nuevos libros, mientras que la Junta de Andalucía directamente mantendrá los manuales antiguos.
A las comunidades que inicialmente se postularon en contra de la LOMCE: Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco; se han unido en este particular sobre la negativa a incorporar nuevos libros de texto otras seis, todas ellas gobernadas por el PP: Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Otras como Galicia, Navarra, Extremadura y Baleares dan libertad a cada centro escolar para que decida si se renuevan los libros. Sólo Castilla-La Mancha, gobernada por Dolores de Cospedal, renovará los libros de texto.
Protestas de los padres
Este cambio de libros ha provocado, a su vez, la reacción de las asociaciones de padres de alumnos, que han protestado de manera reiterada contra el "tremendo" y "antisocial" desembolso que esto supone para las familias españolas que atraviesan grandes dificultades económicas. La Confederación Estatal de Padres de Alumnos (CEAPA) calcula que el gasto en nuevos materiales puede ascender a los 200 millones de euros. Un gasto que se traduce en un coste de 175 euros por familia, según la Acociación de Consumidores y Usuarios; aunque la FAPA estima en 300 euros el gasto extra para las familias de niños que cambian de libro. Todo ello en un contexto de crisis económica y cada vez con menos ayudas para comprar material.
No obstante, el presidente de CEAPA celebra que, a través de los consejos escolares autonómicos y de los propios centros, se haya conseguido en los últimos meses presionar a las administraciones educativas y directores de colegios para que no obliguen a las familias a comprar nuevos materiales y se permita la reutilización de los antiguos, a través de los bancos de libros.
Por su parte, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, Luis Carbonel, también opta por seguir con los mismos libros que en años anteriores, aunque esto vaya a suponer para las editoriales "grandes pérdidas". "La ley debía haber contemplado por parte del Gobierno sufragar este gasto, por lo menos para las familias con más dificultades económicas", ha afirmado Carbonel, que ha advertido de que durante un tiempo se va a dar "anómala" situación "libros viejos y ley nueva".
Advertencia desde el Ministerio
Desde el Ministerio de Educación reconocen que existe esta libertad en comunidades autónomas y centros escolares sobre los libros, pero advierten de que al final de cada etapa los alumnos tienen que someterse a una evaluación sobre los temarios del nuevo currículo.
"Varias comunidades han optado por una fórmula mágica: la ley se implantará, pero no se podrán cambiar los libros y se mantienen vigentes los anteriores currículos", denuncian desde la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza (ANELE).
Asimismo, afirman que la "precipitada y caótica" implantación de la LOMCE, "sin tiempo material" para la publicación de los currículos de las comunidades autónomas, ha propiciado una "total incertidumbre en el mundo educativo, cuando no la abierta oposición de algunas autonomías".
Esta organización alerta de que los editores han tenido que hacer "cuantiosas inversiones" para preparar los libros conforme a los currículos del Estado, "difícilmente compatibles con los hasta ahora vigentes".
Entidades
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