Poner en marcha la agenda regeneracionista de Rajoy ayudaría mucho a la credibilidad de la actual mayoría gubernamental. En cualquier caso, las propuestas realizadas por el presidente este lunes, al término de la reunión de la dirección de su partido, no parece que vayan a mitigar el malestar social sino al contrario, si los ciudadanos advierten en ellas algún signo de oportunismo.
La disposición de Mariano Rajoy, a primera vista es una prueba de realismo que, después de los pésimos resultados que obtuvieron los dos grandes partidos en las elecciones europeas del 25 de mayo -26% el PP; 23% el PSOE; 49% entre los dos-, el presidente Rajoy haya decidido al fin abrir formalmente el melón de la regeneración democrática.
No es sólo la irrupción de Podemos en la vida pública, al frente de los indignados de este país, la que debe servir de advertencia a las formaciones tradicionales: los síntomas de hundimiento del bipartidismo han de considerarse un aviso a navegantes que podría llegar a augurar un cambio de régimen si se consolidase la tendencia.
Sucede sin embargo que, a esas alturas, nadie va a creer en la sinceridad de los alegatos regeneracionistas de las opciones mayoritarias si no se empieza por erradicar la corrupción mediante medidas contundentes y ejemplarizantes.
En febrero de 2013, el Gobierno Rajoy anunció, tras estallar el 'caso Bárcenas', un paquete de medidas que aún ruedan por el Parlamento. Tres proyectos de ley esperan aparcados un consenso que no llega. Y entre las medidas anunciadas y nunca promulgadas están la inclusión de la financiación ilegal de los partidos en el Código Penal; la simplificación del delito de cohecho, que cometería el funcionario público por el solo hecho de recibir dádivas; la prohibición de las donaciones anónimas; el endurecimiento de las penas por delitos relacionados con la corrupción, etc.
La lista más votada
La sugerencia de que el alcalde sea el cabeza de la lista más votada, en las actuales circunstancias de declive del bipartidismo, puede interpretarse como el intento popular de conservar a toda costa el poder en los ayuntamientos tras la pérdida de la mayoría absoluta y aprovechando la división de la izquierda.
No sería de recibo, pongamos por caso, que PP y PSOE, con los porcentajes que consiguieron el 25M, se erigieran en los grandes beneficiarios de este cambio en las municipales próximas. Otra cosa sería que se planteasen unas elecciones mayoritarias a dos vueltas, pero no parece que este modelo esté en la mente de Mariano Rajoy.
Y el debate sobre los aforados, que se quiere lanzar justo después de haber ampliado la lista, podría evitarse si se aceptara de entrada, sin más retórica, la evidencia de que hay que cancelar con urgencia una situación que nos sitúa al margen de las democracias europeas.
En cuanto a la reducción de diputados autonómicos y de municipios, la experiencia no es buena: siempre que se ha reducido el número de parlamentarios autonómicos ha sido para hacer ingeniería electoral y beneficiar al promotor de la iniciativa. Más marrullerías no, por favor.
En definitiva, regeneración política, sí, pero de buena fe, sin trampas y empezando por limpiar las cloacas de los partidos políticos, por erradicar la corrupción mediante normas radicales y medidas rotundas que puedan ser prueba de verdadera voluntad de sanear todo el estiércol.
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