
Pese a que el Ejecutivo lleva trabajando desde el pasado mes de marzo codo con codo con el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, sobre las derivaciones de la abdicación del monarca Juan Carlos I, el asunto de su papel tras ceder el testigo al príncipe Felipe y su pérdida de protección como aforado aún no está resuelto.
Entre las opciones que podrían valer para desarrollar una figura jurídica que le otorgue aforamiento, la más normal, la ley orgánica sin urgencia, no podría estar lista y aprobada hasta dentro de seis meses. Es esta la opción en la que trabaja el Gobierno, según fue confirmado ayer por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. "Va a hacerse mediante ley orgánica, no puede ser por decreto", puntualizó.
Las consecuencias sociales de vertebrar la protección jurídica del Rey utilizando un procedimiento urgente podrían conducir a un malestar social y chocaría contra la necesidad de un consenso total del que carece el Gobierno de Rajoy, según subraya el diario El País.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró este viernes tras el Consejo de Ministros que se está trabajando en la cuestión, y que se facilitarán los plazos y la forma en la que se revestirá a Don Juan Carlos de aforamiento toda vez que se hayan decidido.
Monarcas salientes de otros países europeos como Bélgica u Holanda se quedaron sin aforamiento tras el fin de su reinado.