El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha impuesto al sindicato de funcionarios Manos Limpias una fianza de 20.000 euros para permitirle ser acusación popular en el caso contra Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa por un presunto delito de blanqueo de capitales, una cantidad que ya ha recurrido el sindicato.
En un auto del 28 de marzo de 2014, al que ha tenido acceso Europa Press, Ruz constata que de la querella presentada por Manos Limpias "se desprenden elementos suficientes para su admisión a trámite" pero lo condiciona a que abonen una fianza de 20.000 euros porque el sindicato no es afectado directo y su único interés es la defensa del interés común.
En su querella, presentada en el Juzgado el 28 de febrero, recogen que de las declaraciones prestadas por la exnovia del hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, María Victoria Álvarez, hay "suficientes indicios racionales de que el querellado pudiera haber trasladado en numerosas ocasiones cantidades de dinero" desde Cataluña a Andorra.
Son "cantidades de dinero que habrían sido trasladadas en efectivo, sin control ni conocimiento alguno por parte de la administración, y que pudieran haber sido obtenidos de actividades ilícitas y negocios no declarados", prosigue la querella.
También recoge el contenido de las comparecencias de Álvarez ante la Oficina de Antifraude de Cataluña (OAC) el 4 de marzo de 2013 y el 12 de marzo de 2013, en las que explicó "la adquisición del Puerto de Rosario de Argentina en la que implica directamente al exdirectivo del Puerto de Tarragona y exdiputado Lluís Badia".
Según recoge el escrito, Badia "habría llevado a cabo las principales gestiones para conseguir un importe aproximado de 30 millones de euros, que supuestamente fueron invertidos en esa operación conseguidos de fondos públicos", y refleja los nombres de personas que podrían aportar más información del negocio.
Pujol declarará el 30 de Abril