"Van a utilizar los ayuntamientos de CiU y ERC para elaborar un censo" de Cataluña y luego usarlo en la consulta soberanista de Artur Mas. La denuncia la ha hecho este jueves Albert Rivera, líder de Ciutadans (C's), que también pedía respuestas concretas al Gobierno central y a instituciones como la Agencia de Protección de Datos. "Tenemos un país, una nación, un Estado para cumplir este tipo de funciones", sentenciaba en los micrófonos de EsRadio. Análisis: ¿Un Estado con la mitad de extranjeros?
La voz de alarma se dio este mismo jueves, cuando Barcelona puso a disposición de la Generalitat catalana los datos de su padrón municipal: sólo el PP votó en contra, ya que el PSC se abstuvo. Los noes de Rajoy a Mas
El problema que tiene el Govern de Mas es que no puede utilizar el censo electoral (según la ley de régimen electoral, el Estado tiene esta competencia en exclusiva) para la consulta, ya que está en manos de la Junta Electoral y ésta sólo lo facilita para las elecciones y referéndums legales. La negativa del Ejecutivo central, que ya ha avisado de que no permitirá el referendo, cierra esta puerta.
Por tanto, la delimitación de quién puede votar y quién no marca la primera batalla de esta confrontación: la cuestión no resulta baladí.
Censo estadístico o padrones 'afines'
Hasta ayer, la Generalitat parecía decidida a usar los datos del Idescat y así salvar la negativa de Madrid a ceder los suyos. El Idescat, o instituto de estadística catalán, es un organismo que cuenta con un registro de población elaborado a partir los padrones locales.
Precisamente, el equipo de Mas apostó por esta vía ante la dificultad de recabar los padrones en consistorios constitucionalistas: podrían acceder a los datos de municipios con alcaldes de CiU, ERC y otros partidos catalanistas, pero las corporaciones de PP y (a priori) PSC se negarían a colaborar.
Esta posibilidad escondía otro riesgo: los ciudadanos podrían llegar a reclamar de forma masiva la retirada de su filiación.
Por eso, la decisión del Ayuntamiento de la ciudad condal adquiere una importancia capital: por un lado, reimpulsa la posibilidad de que Mas confeccione parte de su lista a partir de padrones afines, y, además, la abstención del PSC, partido que podía haber supuesto una barrera a la estrategia, vuelve a crear dudas.
El as en la manga de Mas
Mientras, la Consejería de Gobernación, dirigida por Joana Ortega, tiene a 20 funcionarios trabajando en la organización y los asuntos técnicos de la consulta. Por ejemplo, la propia Ortega ya visitado Quebec, Suiza y Austria, tres países con sistema de voto electrónico.
Mas y Ortega guardan su as en la otra manga: el objetivo del Govern es no tener que necesitar el censo estatal para la convocatoria. En concreto, su deseo consiste en "articular un mecanismo" al efecto, a través de la ley de consultas no refrendarias que prepara el Parlament.
Inmigrantes y menores, sí; catalanes 'en España', no
En principio, la intención de Mas es permitir votar a todos los ciudadanos -españoles o extranjeros- con residencia en la autonomía y más de 16 años.
Asimismo, el Govern quiere impulsar un censo voluntario de catalanes en el extranjero pero con vecindad administrativa en Cataluña, pese a la oposición de las embajadas.
Este registro, en principio, no contabilizaría a los catalanes que residan en otras autonomías españolas: por ahora, los partidos no han encontrado una fórmula legal y acorde con la Ley de Protección de Datos.
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