En época de crisis económica, los disparates nacionalistas se disparan

"No estamos locos, que sabemos lo que queremos". Eso cantaba hace unos años Ketama y es lo que parecen decir los nacionalismos catalán, gallego y vasco, con los gastos en los que están incurriendo para promocionar su identidad tanto en el territorio nacional como en el extranjero. El jueves de la semana pasada, el Gobierno catalán abrió una sede diplomática en Londres, la segunda -la primera fue Berlín, en abril- de una expansión internacional liderada por el vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, para que esta autonomía tenga presencia oficial en París, Nueva York, Buenos Aires, México DF y China

Esta red de embajadas, además de causar serios conflictos con la diplomacia española, tendrá un elevado coste, sobre todo para una época, como la actual, de desaceleración económica.

Pero no son sólo las embajadas. El año pasado, la Generalitat repartió 4,1 millones de euros a entidades de la "Catalunya Nord", la zona del sur de Francia que limita con Cataluña. Desde asociaciones de amigos hasta ayuntamientos, casi 50 entidades se beneficiaron de estas ayudas. Hay casos llamativos como el del Ayuntamiento de Perpignan, al que la Generalitat financió con 120.000 euros para la divulgación de una lengua, el catalán, de la que Francia no quiere saber nada.

Divulgar la lengua y la cultura catalana

La Associació de Amics de La Bressola es la entidad que se lleva la palma con las subvenciones de la Generalitat, con 2,6 millones de euros con cargo al departamento de vicepresidencia que dirige Carod-Rovira, más de la mitad de la cantidad total concedida. Esta asociación, creada en 1.980, cuenta con más de 400 socios y se dedica a obtener recursos para divulgar la lengua y la cultura catalana en esta zona del sur de Francia.

Según la portavoz del PP catalán, Carina Mejías, estas ayudas y sobre todo la concedida a un ayuntamiento francés, constituyen una "injerencia más en territorios en los que el Gobierno catalán no tiene competencias". "Es un dinero que, invertido en Cataluña, solucionaría muchos problemas. Por ejemplo, ayudaría a enseñar catalán al niño inmigrante recién llegado o a poner profesores de apoyo", aseguró a elEconomista.

Oficinas comerciales sin competencias

Volviendo a la política exterior, las delegaciones, sedes o embajadas -la confusión comienza ya desde el nombre-nacen con la intención de apoyar a las empresas catalanas en el extranjero. El coste de esta red exterior podría rondar los 25 millones de euros. En principio se trata de unas oficinas comerciales sin competencias en Asuntos Exteriores. Carod lo quiso dejar claro el pasado jueves en la inauguración de la sede en Londres: "No venimos a hacer la competencia a la Embajada española".

Sin embargo, la apertura de esta delegación ha causado cierto malestar entre los diplomáticos españoles. A la inauguración del jueves en Londres no asistió el embajador, Carlos Miranda, y la representación española se quedó en la asistencia del número dos de esta sede diplomática. La senyera no ondea de momento en el exterior del edificio de la capital británica, pero la entrada está presidida por una gigantesca bandera catalana. Eso sí, la española no estaba.

Debilitamiento del Gobierno central

Según el vicepresidente de la Generalitat, el Estatut da competencias en política exterior a Cataluña. Pero en este punto el tripartito se encuentra de frente con el PP. Para su portavoz en Cataluña, Carod-Rovira no tiene competencias para llevar a cabo esta actividad de política exterior, en vez del fomento de las empresas catalanas en el extranjero. "El debilitamiento del Gobierno central ha permitido desplegar esta actividad que, sin duda, es una injerencia que puede traer conflictos diplomáticos y una enorme descoordinación", asegura Carina Mejías.

A falta de conocer lo que costará esta sede en Londres, las delegaciones de Madrid, Francia y Bruselas superan el millón y medio de euros sólo en gastos de alquiler en 2007. Por ejemplo, en el caso de Bruselas, el arrendamiento le sale a la Generalitat por 451.777 euros al año; la Maison de la Catalogne de París, por 370.413 euros. En Madrid, el alquiler en 2007 del Centro Cultural salió por 401.454 euros, y el de la delegación del Gobierno catalán, por 237.086 euros, más plazas de aparcamiento y un apartamento que cuestan más de 23.000 euros a las arcas autonómicas.

Euskaldunización de médicos

El PP ha preparado una batería de preguntas para que el Ejecutivo catalán responda en el Parlament sobre todo el dinero que se ha gastado en subvenciones y embajadas, desde el coste de los edificios hasta el del personal contratado. No obstante, las subvenciones de la Generalitat para la promoción del catalán no están sólo centradas en el exterior. Según Mejías, en Valencia ha repartido, entre diferentes entidades, dos millones de euros, y en Baleares, 1,4 millones.

Pero el catalán no es el único caso de dispendios a favor de políticas nacionalistas. Hace poco más de una semana saltó a los medios de comunicación la noticia de que casi 4.000 médicos vascos habían sido liberados de sus obligaciones laborales en los últimos cinco años para aprender euskera. El dinero gastado en cuatro años para la enseñanza de la lengua vasca rondaría los 40 millones de euros.

Liberados para aprender euskera

Los sanitarios del País Vasco que se acogieron a este programa de euskaldunización estuvieron liberados entre seis y doce meses, aunque los permisos podían llegar a durar dos años. Osakidetza, la Sanidad vasca, ha liberado desde el año 2003 a 3.983 médicos, según la respuesta del departamento a una pregunta del PP. El conocimiento del euskera de un aspirante a una plaza en Euskadi se valora más que si el solicitante tiene un máster o si ha obtenido un doctorado.

Pero los 20.000 médicos del País Vasco no son los únicos. Desde el año 2005 el Gobierno vasco se ha gastado 55 millones de euros en fomentar el aprendizaje y estudio del euskera entre sus trabajadores. Sólo para este año, la previsión es superar los 15,5 millones de euros, un 13 por ciento más que en 2007. En Galicia la situación no ha llegado a esos extremos, aunque la política lingüística del BNG, socio del PSdeG en el Gobierno autonómico, se empieza a parecer a la de vascos y catalanes. Para poder trabajar en la Administración gallega es necesario tener aprobado, como mínimo, un curso de iniciación al gallego.

Además, este curso ha comenzado a aplicarse la ley por la que el 50 por ciento de las clases en los colegios de Galicia debe impartirse en gallego. Por este motivo, el PP en esta autonomía pide "libertad" frente a la "imposición" y "prohibición".