Así se ha conformado el nuevo Consejo del Poder Judicial. Cada cual -partido político- ha votado a los candidatos del adversario a cambio de reciprocidad. Y con ello, no hay hay propiamente fraude de ley, pero sí marrullería en la interpretación del precepto legal que impone mayorías cualificadas. En definitiva, los partidos han situado en el CGPJ a personas "de confianza". Y a veces ni siquiera se han guardado las formas. Gallardón olvida las promesas y defiende que el nuevo CGPJ "está votado por el 93% de diputados"
El consenso entre los grandes y pequeños partidos ha hecho posible la elección sin demasiada demora del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con la última reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, auspiciada por Ruiz-Gallardón y combatida con gran ruido mediático por las minorías (contrasta la virulencia de aquellas críticas con la facilidad con que se ha acordado el reparto del poder y de la influencia).
Los negociadores principales, Antonio Camacho (PSOE) y el ministro Ruiz-Gallardón tienen, parece, gran sintonía personal, y apenas ha peligrado el acuerdo cuando Tomás Gómez, senador y líder de los socialistas madrileños, se ha revuelto contra la elección de Francisco Gerardo Martínez Tristán, presidente de la Sala de lo Contencioso del TS de Justicia de Madrid, recusado por el PSM en el caso de la privatización de los hospitales madrileños por estar casado con una consejera de Castilla-La Mancha.
¿Legalidad o marrullería?
En el nuevo sistema, las dos cámaras parlamentarias eligen por separado a 12 vocales de procedencia judicial y a ocho de procedencia no judicial; y en todos los casos, no se han buscado candidatos capaces de recibir un apoyo transversal: el reparto se ha hecho por cuotas: 10 de ellos han sido propuestos por el PP, siete por el PSOE y uno por cada uno de los tres grupos minoritarios CiU, PNV y IU. En otras palabras, cada cual ha votado a los candidatos del adversario a cambio de reciprocidad. No hay propiamente fraude de ley, pero sí marrullería en la interpretación del precepto legal que impone mayorías cualificadas.
La comedia desembocará en la designación del presidente del Consejo General, que lo será también del Supremo. En teoría, son los veinte vocales quienes deben proceder a la elección. En la práctica, PP y PSOE ya se han ocupado de condicionar la designación de los vocales a la aceptación previa por éstos del candidato de consenso, que según todos los indicios es Carlos Lesmes, magistrado del Supremo y director general de Justicia en los gobiernos de Aznar. Otra marrullería.
Personas de confianza
En definitiva, los partidos han situado en el CGPJ a personas "de confianza". Y a veces ni siquiera se han guardado las formas: la candidata judicial que más avales de compañeros consiguió en la preceptiva preselección no ha obtenido vocalía, y si lo ha hecho la que menos. Por lo demás, forman en la institución la esposa de Conde Pumpido, la esposa del conseller catalán Germà Gordo, un magistrado cuya esposa es consejera en Castilla-La Mancha? Todo muy cercano y muy familiar.
No parece que por esta vía tan poco transparente y conscientemente politizada la justicia vaya a mejorar en su funcionamiento. Ni a acopiar más prestigio social.
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