
La vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, vuelve a estar en el disparadero. Esta vez, ha sido el fiscal del Tribunal Supremo quien ha centrado todos los focos sobre su persona al tachar de "improcedente" el hecho de que la exministra de Sanidad hiciese uso del franqueo oficial del Congreso para mandar cartas a apoderados e interventores del Partido Popular.
Según El Mundo, esta critica del fiscal se deriva de la denuncia interpuesta por la Liga Anticorrupción por una supuesta malversación de fondos públicos de la diputada popular. Según la denuncia, Villalobos se habría servido del franqueo del Congreso para enviar "miles de cartas" a los apoderados e interventores populares que participaron en Andalucía en las elecciones generales de 2011.
Sin embargo, el fiscal ha archivado las diligencias al considerar que, si bien es "improcedente", la conducta de Villalobos no cumple los requisitos para el delito de malversación. A pesar de ello, el fiscal censura a la vicepresidenta del Congreso explicando que "las comunicaciones postales en el estricto ámbito de los militantes de un partido político y su coste económico es evidente que se producen no como el ejercicio de una función pública sino como desarrollo privado de la actividad propia de ese partido".
Villalobos lo admite
La propia Villalobos admitió, en una escrito enviado al fiscal, que había mandado las citadas misivas. La popular equiparaba las cartas de la discordia con las felicitaciones de Navidad y las que atienden a las reglas de la cortesía social y consideraba "obvio" que respondían a las funciones propias de un parlamentario.
A las justificaciones de Villalobos, el fiscal argumentó que "invocar el ejercicio de la función pública cuando se restringen las comunicaciones exclusivamente con militantes de su partido no parece aceptable conceptualmente".
Aviso a Posada
De la misma forma, el fiscal también da un toque de atención al presidente del Congreso, Jesús Posada, ya que "no ha adoptado ninguna medida correctora de la práctica denunciada, como sería advertir sobre su improcedencia". Por esto, según el fiscal, Villalobos "podría ser beneficiaria del error de prohibición invencible".
Antes de archivar las diligencias contra Villalobos, el fiscal también incluyó una recomendación: que "ese uso social hasta ahora tolerado" se debería clarificar mediante una norma.