El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, se sentó ayer en el banquillo después de casi 10 años de instrucción del 'caso Naranjax', en el que la Fiscalía pide para él 13 años de prisión por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública, por presuntamente enriquecerse desde su cargo público cobrando por conseguir favores ante el Ministerio de Agricultura. Vuelve para declarar hoy
Ningún cargo del PP valenciano arropó a su exdirigente provincial, aunque el pasado lunes sí lo hizo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra -no están emparentados-, al fotografiarse con quien fue su padrino político y manifestar que confiaba en su inocencia.
Carlos Fabra entró en la Audiencia Provincial de Castellón sin hacer declaraciones y se sentó junto a los otros cuatro procesados: su exmujer, María Amparo Fernández; el empresario que lo denunció, Vicente Vilar, que permaneció esposado al cumplir condena por otra causa; la exesposa de Vilar, Montserrat Vives, y el exsenador del PP, Miguel Prim.
Lectura de las calificaciones profesionales
Fabra tenía que prestar declaración ayer, pero lo hará hoy, ya que la primera jornada se centró en la lectura de las calificaciones provisionales y el planteamiento de las cuestiones previas por las defensas.
Su letrado, Javier Boix, el mismo que defendió a Francisco Camps en el caso de los trajes, pidió sin éxito que la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunitat Valenciana, que ejerce de acusación popular, fuera apartada del procedimiento.
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El primer día del juicio