
El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento de víctimas del terrorismo, que desarrolla la Ley aprobada en septiembre de 2011. La norma supondrá un desembolso de 77,5 millones en dos años mediante desembolsos en varios frentes.
Por un lado, se actualizarán aquellas indemnizaciones que todavía no se hayan cobrado en su totalidad; además, se compensará a aquéllas víctimas que no merecían compensación en el momento que se vieron perjudicados por conceptos que ahora sí reconoce la ley. Por último, se fijan las cuantías de las indemnizaciones que recibirán las futuras víctimas.
Con todo, este texto legal llega con un año y medio de retraso por las modificaciones legales.
Además, este Reglamento impide que los etarras o cualquier otro tipo de terrorista se beneficie de estas subvenciones. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes que España es un "referente europeo y mundial" en la "atención integral" a víctimas. Pero Fernández Díaz hizó un especial hincapié en el esfuerzo de su equipo para impedir que ningún terrorista se beneficie de ayudas que corresponden a víctimas.
"La Ley ha llevado a cerrar la puerta a cualquier resquicio legal que pudiera existir para que fueran beneficiarios de las ayudas quienes no fueron víctimas sino que hicieron sufrir", explicó el titular de Interior referido al vacío legal del que la banda terrorista ETA y su entorno querían aprovechar. La llamada izquierda abertzale quería trasladar su idea de que los miembros de la banda eran objetos de violencia por parte de las Fuerzas de Seguridad y querían equiparar a las víctimas con los terroristas por la existencia de un "conflicto".
Por otro lado, este texto amplía la Ley e incluye a los amenazados por bandas terroristas. Así, podrán recibir ayudas para trasladarse de localidad, cambiar de vivienda.