
La reforma de la Administración es uno de los asuntos principales en los que ha trabajado el Gobierno de Mariano Rajoy en lo que va de lesgislatura. Su importancia es vital, y los datos hablan por sí solos: el coste para el Estado de mantener estructuras duplicadas con las comunidades autónomas llega hasta los 1.500 millones de euros anuales. El Consejo de Estado rechaza el poder de las diputaciones.
Tal y como recoge ABC, este entramado de instituciones se debe a la falta de límites de competencias entre el Estado y las autonomías o a las ansias de estas últimas por tener organismos similares a los estatales. El resultado es una interminable lista de entes que da lugar a un estado clonado.
Para ilustrar con ejemplos esta rocambolesca situación, el diario ha escogido varias materias en las que se producen duplicidades, esto es, en las que Estado y comunidades autónomas intervienen a la par, multiplicando por dos el coste de una competencia innecesariamente.
El agujero de las radiotelevisiones públicas
Las radiotelevisiones públicas son las que más engordan la suma del coste de las duplicidades. Junto al ente estatal RTVE (293 millones de euros anuales) conviven trece corporaciones más cuya financiación supone 900 millones extra a las arcas públicas. En total, 1.193 millones de euros al año.
La estadística es el siguiente campo que más cuesta a la Administración, ya que el gasto de 185 millones de euros anuales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que da servicio a todo el país, se junta con el de las diferentes unidades de estadística autonómicas, que constituyen 55 millones de euros anuales complementarios a causa de dicha duplicidad.
El tercer apartado de mayor gasto por duplicidades es el de los tribunales de cuentas. El Tribunal de Cuentas tendrá este año un coste de 61,33 millones de euros. A su vez, el de los tribunales de cuentas autonómicos será de 67 millones. En total, 128 millones de euros de los que algo más de la mitad se podrían evitar sin duplicidades.
Por detrás de estas tres materias se encuentran los institutos cartográficos, con 56 millones anuales (32,1 del servicio nacional y casi 25 de los entes autonómicos), los defensores del pueblo (el coste de los autonómicos es el doble del nacional, 14 frente a 28). Merece un aparte la materia de los consejos consultivos, en la que el coste de los consejos autonómicos consultivos es tres veces mayor (30 millones de euros) que la del Consejo de Estado, de 10 millones de euros.
Les siguen los consejos económicos, cuyo coste referente al conjunto del país alcanza los 8,4 millones de euros. A esto hay que añadir los 12,5 millones que van destinados a los autonómicos. Una cantidad invertida en unos organismos que no tienen capacidad ejecutiva. Respecto a los tribunales de la competencia, junto a la Comisión Nacional de la Competencia (12,7 millones de euros) coexisten varios organismos con las mismas funciones, cuyo gasto es de 7,4 millones. Por último, los consejos de la juventud, que tras la supresión del Consejo Nacional de la Juventud cuestan aproximadamente 2,5 millones de euros.