Los principales sindicatos de prisiones han manifestado su "profunda preocupación" por la "deriva" de Instituciones Penitenciarias y el "grave deterioro" del servicio público penitenciario y, entre sus exigencias, han abogado por la paralización "inmediata" de la privatización de la seguridad exterior de las cárceles españolas.
Esta exigencia ha sido suscrita por los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CSIF, CIGA y el vasco ELA, que han anunciado el inicio de un proceso "sostenido" de movilizaciones que comenzarán este mismo mes de julio y se incrementarán a partir de septiembre "con el objetivo de modificar la actual política penitenciaria".
"Queremos señalar que dicha privatización no es necesaria ni rentable y supone un ataque frontal al modelo público de Instituciones Penitenciarias. La administración penitenciaria, con esta política, sólo beneficia a determinadas empresas más pendientes de obtener una rentabilidad económica que de certificar la seguridad de los centros penitenciarios", denuncian.
Además, exigen los recursos humanos necesarios para garantizar el correcto desarrollo del servicio y que la administración aborde el "déficit estructural" de personal. Según avisan, "este deterioro inducido de la institución sitúa en una posición extremadamente grave, preludio de una privatización encubierta".
Los sindicatos denuncian además que Instituciones Penitenciarias está "impulsando" una política de "criminalización" de sus funcionarios, con un "claro menosprecio" hacia los trabajadores de las cárceles.
"Exigimos que se respete a los empleados públicos penitenciarios, que se reconozca su profesionalidad y se defienda su dignidad y de su trabajo", subrayan.
Entidades
Los exescoltas se suman al plan