El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha rechazado la propuesta de UPyD de eliminar 10.000 supuestos de aforamiento que este grupo considera que existen en nuestro país y que corresponden a cargos públicos que disfrutan de "privilegios" procesales.
Ha señalado que, lejos de lo defendido por la portavoz de parlamentaria de la formación, Rosa Díez, el hecho de ser aforado supone una limitación de derechos frente a otros ciudadanos y que reformar esta prerrogativa en determinados supuestos obligaría a reformar la Constitución.
Ruiz-Gallardón ha recordado este martes a la diputada de UPyD, durante una interpelación por este asunto en el Congreso, que no son 10.000 los cargos públicos aforados en nuestro país -personas cuyos procedimientos penales se sustancian directamente en órganos judiciales como los tribunales superiores o el Supremo- pues 7.000 de esas personas son jueces, magistrados o fiscales.
Solo se podrían eliminar 57 cargos
El titular de Justicia ha señalado que para cambiar la situación respecto de los 3.000 cargos restantes sería necesario reformar la Constitución, algo que no ha sido demandado por Díez, y que el Gobierno sólo podría eliminar el aforamiento de un total de 57 cargos.
Estos serían los correspondientes a los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos.
Ha añadido el ministro que es importante romper con esa idea de que el aforado es un privilegiado y que esta figura, que obliga por ejemplo a que los miembros del Gobierno sólo puedan ser investigados judicialmente por el Supremo, no está dirigida a proteger a estas personas, si no a las instituciones de las que forman parte.
¿Quienes gozan de ese estatus?
Ruiz-Gallardón ha apuntado que también disfrutan de prerrogativas procesales, por delitos cometidos el ejercicio de su cargo, los 200.000 miembros de la fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado e incluso se podrían considerar aforados los 126.000 pertenecientes a las Fuerzas Armadas en lo referido al ámbito castrense.
"Si estamos de acuerdo en no reformar la Constitución, ni los diputados ni presidentes de las Cámaras, ni los miembros del Gobierno pueden perder el aforamiento", ha explicado el ministro. Ha añadido que el Ejecutivo tampoco puede reformar estatutos de autonomía -los diputados regionales son aforados ante los tribunales superiores-, por lo que su acción sólo afectaría a los 57 cargos antes señalados.
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