El ministro de Justicia, otrora considerado un liberal con flecos progresistas, está haciendo de su gestión un desatino cavernario que ya le ha enemistado con todos los actores del sistema judicial su reforma de la ley orgánica del Poder Judicial no abona precisamente la autonomía de dicho poder- y que ahora le ha enfrentado frontalmente con la prensa.
Como es conocido, el ministro, en la misma sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, anunció el pasado martes que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal preverá responsabilidades penales para los medios de comunicación que difundan noticias sobre un proceso judicial blindado por un juez o un fiscal. En otras palabras, un juez o un fiscal podría, en aras a mantener reservado un procedimiento, ejercer la censura previa sobre todas las informaciones relacionadas con el caso. Ni las dictaduras toman medidas tan expeditivas.
Lo más grave es que, en el debate posterior al anuncio con los profesionales del periodismo que asistían al acto, el ministro argumentó su pretensión censora: su intención sería "proteger los derechos de los ciudadanos imputados" ya que a su entender es "preocupante" que las resoluciones de un tribunal se vean condicionadas por el "perjuicio formado en la opinión pública" como consecuencia de las noticias y opiniones publicadas por los medios.
La primacía de la libertad de expresión, consagrada por la Carta Magna y defendida con vehemencia por el Tribunal Constitucional, debería pues quedar supeditada al objetivo de no deteriorar prematuramente la fama de los imputados o de no perturbar la conciencia del juez en el dictado de una sentencia.
Una tesis disparatada
La evidencia de que Gallardón estaba convencido de la bondad de la disparatada tesis que proponía resta todo valor a los desmentidos y rectificaciones posteriores del ministro: ayer, hasta en tres ocasiones desmintió que la nueva ley vaya a recoger la regulación de la publicidad de las actuaciones procesales penales que le había propuesto la comisión de expertos nombrada por él mismo (habrá que ver ahora el criterio de selección de una comisión que sugiere propuestas tan excéntricas y antidemocráticas).
En definitiva, no habrá medidas que limiten el derecho a la información. Con todo, sigue siendo cierto que hay rectificaciones que producen grave inquietud porque es difícil imaginar el mecanismo mental que llevó al ministro de Justicia, nada menos, a considerar la posibilidad de amordazar a los medios en casos como el Urdangarín o el Gürtel para evitar a los imputados los juicios paralelos o para no afectar la serenidad de los jueces.
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Gallardón niega que vaya a censurar las informaciones sobre juicios