Política

El Gobierno publicará el ránking con las notas de las administraciones más o menos cumplidoras

El ministro Montoro, con representantes de las CCAA. Imagen: Archivo

El Portal de Transparencia que está diseñando el Gobierno para gestionar la presentación de toda la información que tendrá que hacerse pública una vez que entre en vigor la futura Ley de Transparencia incluirá un ranking sobre su cumplimiento, de manera que se podrá consultar cuáles son las administraciones qué más y mejor responden a las peticiones de los ciudadanos y cuáles lo hacen peor. La Ley de Transparencia costará mucho dinero.

Así lo ha anunciado este martes el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis Ayllón, durante su participación en el primer encuentro del 'Foro X las Oportunidades', dedicado a la "Transparencia y Regeneración Democrática".

Las sanciones, sin estudiar

Aunque ha admitido que habrá que estudiar la inclusión de sanciones para las entidades que no cumplan los mandatos sobre transparencia que se recogerán en la ley, ha dejado claro que es más partidario de los "incentivos" que de los "castigos" porque los considera más efectivos.

A su juicio, para una administración resulta mucho más incentivador verse reflejada con un mal indicador sobre transparencia que tener que hacer frente a una multa por no ofrecer la información que debería a los ciudadanos, bien por que así lo mandate la norma o bien en respuesta al requerimiento de un particular.

Por eso, se evaluará el nivel de cumplimiento de cada administración y los resultados se 'colgarán' en el Portal de Transparencia, con una relación detallada de las administraciones según el lugar que ocupen en el ranking.

Un órgano "independiente"

Por otra parte, Ayllón ha defendido que la Agencia Estatal de Evaluación de la Transparencia y las Políticas Públicas, que velará por el cumplimiento de la ley, será un órgano "independiente", aunque su máximo responsable sea nombrado por el Gobierno.

En este punto, ha señalado que esta persona habrá de tener el aval del Parlamento y que para cesarle se tendrá que contar con la mayoría absoluta del Congreso. También apuesta por que su mandato trascienda los cuatro años de legislatura para que no cambie cada vez que lo haga el Ejecutivo.

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