El pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista del parlamento catalán del pasado enero, en la que, fundamentalmente, las formaciones independentistas aseguraban que el pueblo catalán era "sujeto jurídico y político soberano" y reclamaban un referéndum de autodeterminación.
La declaración no era ejecutiva y hubo división de opiniones sobre la conveniencia o no de recurrir lo que podía interpretarse como una simple toma de postura ideológica, pero el abogado del Estado recomendó el recurso toda vez que la declaración contravenía claramente el artículo 1.2 de la Carta Magna, que prescribe paladinamente que "la soberanía nacional reside en el pueblo español".
Es la tercera vez que el Constitucional suspende un acuerdo adoptado por un parlamento autonómico; las dos ocasiones anteriores fueron en 1983, en relación al Parlamento de Navarra, y ante la decisión del Parlamento vasco, en 1999, de ceder su sede a los kurdos con fines propagandísticos.
El llamado derecho de autodeterminación, eufemísticamente llamado en Cataluña derecho a decidir, tan sólo tiene reconocimiento universal cuando es inherente a los procesos de descolonización y el sujeto es una comunidad étnica diferenciada y autosuficiente que quiere consumar sus ansias nacionales.
En las democracias maduras, la invocación de esta figura es simplemente un despropósito, ya que cualquier pretensión secesionista, basada en el principio democrático, aunque perfectamente legítima, ha de encauzarse a través de la legalidad jurídica mediante la negociación y el pacto.
El famoso dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre Québec contiene tres elementos muy valiosos, que se han incorporado al derecho político internacional:
a) Quebec no disfruta del derecho a la autodeterminación.
b) La secesión sólo sería posible si "una clara mayoría" declarara "de forma inequívoca" su deseo de no pertenecer en Canadá. Entre otras razones, porque "Democracia... significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría".
c) La secesión de una provincia "bajo la Constitución" no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional.
A la vista de lo anterior, la declaración unilateral de soberanía resulta una excéntrica puerilidad, que no será reconocida ni dentro ni en el exterior de España. El único camino, sugerido hoy mismo por el ministro de Justicia, es el de proponer la reforma de la Constitución, ya que con la actual redacción de la Carta Magna ?que es una constitución abierta, como todas las democráticas-, es impensable la fractura del Estado.
Artur Mas, en su azarosa huida hacia adelante de la mano de esta formación antisistema que es ERC, no se ha percatado de todas estas cosas y camina con irreflexiva decisión hacia el precipicio. Lo grave no es que se despeñe sino que arrastre en su caída el bienestar y las ilusiones del pueblo de Cataluña.
Entidades
Mas lo ve "insólito"