
Da la sensación de que el Gobierno no se percata de que el país está en situación de emergencia por causa de un desempleo que desde hace tiempo se ha vuelto sencillamente insoportable. Fuentes oficiosas del entorno de Moncloa no pierden ocasión de hablar de la economía sumergida que supuestamente represa y mitiga las necesidades sociales, sin ver que también esta actividad informal está decayendo precipitadamente por la crisis. Probablemente, hay que bajar a la calle para palpar la irritación soterrada que embarga a la ciudadanía por la pérdida no sólo de condiciones materiales de supervivencia sino también de expectativas de futuro. De cualquier modo, Rajoy no tuvo más remedio que percatarse el lunes, en su encuentro con el Instituto de la Empresa Familiar, de la zozobra social y de la exigencia de decisiones políticas de calado que surge de la opinión pública.
Los empresarios españoles, en definitiva, exigieron a Rajoy un gran pacto de Estado, semejante al que suscribieron PP y PSOE para la reforma exprés de la Constitución, que permita hace frente a la crisis "compleja y grave" que vive España. El clamor está también en la calle: la sociedad recrimina a los políticos su incapacidad para entenderse, para sumar fuerzas, y éste es también uno de los motivos principales de la desafección que ha abierto abismos entre las formaciones políticas y la ciudadanía, como demuestran las encuestas.
Rajoy manifestó a los empresarios que le reclamaban el pacto de Estado que él sí quiere el acuerdo pero que no ve al PSOE dispuesto a compartir el coste de tomar las medidas que son necesarias. Evidentemente, si se quiere pactar con el adversario remedios de emergencia, lo primero que habría que hacer es no dogmatizar sobre las medidas necesarias sino buscar el punto de encuentro. Porque es difícil de creer que dos partidos que han gobernado alternativamente sobre el mismo modelo de Estado no puedan ahora acordar una estrategia común para salir del pozo. Pero ellos juegan su partida de ajedrez.
El PSOE, en su desconcierto, ha entendido también, parece, que su clientela le insta a procurar ese pacto, y lo ha ofrecido en todos los tonos en las últimas horas. El lunes, el presidente del PSOE y de la comunidad andaluza, Griñán, en presencia de Rubalcaba, ofreció cuatro grandes acuerdos: por el empleo, la modernización de la economía, el modelo de protección social y la lucha contra la exclusión social. Después, el propio Rubalcaba se reafirmaba en la idea de ese pacto de Estado?
Llegados a este punto, la gran pregunta que conviene formular es la de si serviría para algo un gran acuerdo entre las formaciones políticas y especialmente entre PP y PSOE. Y hay que responder que sí, por varias razones:
Primeramente, el pacto facilitaría determinadas reformas estructurales que es urgente acometer, y que el Gobierno no acaba de emprender por miedo a acopiar todavía más impopularidad: las reformas del régimen local y de la administración pública, por ejemplo, pertenecen a esta categoría. En segundo lugar, porque un pacto de esta naturaleza fortalecería la posición española en Europa; una alianza PP-PSOE permitiría a España urgir la integración fiscal europea en cuanto se celebren las elecciones alemanas, con el objetivo de conseguir la rápida mutualización de la deuda pública, que reduciría drásticamente la prima de riesgo y, consiguientemente, el servicio de la deuda que lastra nuestro presupuesto.
En tercer lugar, y por último, la ciudadanía volvería a creer en la utilidad de la política democrática, hoy desacreditada por la primacía de los intereses de los partidos sobre los generales del país. Quizá fuera hora de que personalidades de peso ?los expresidentes del Gobierno entre ellas- realizaran una convocatoria en tal sentido, que por lo menos mitigaría la sensación de orfandad que hoy siente, con relación a lo público, gran parte de la sociedad golpeada por la crisis.