El intento de Javier Arenas por calmar los ánimos de los alcaldes del PP a través de un correo electrónico a favor de la reforma de la administración local no ha surtido su efecto. Si bien es cierto que se ha acogido con los brazos abiertos la promesa de modificación de la ley presupuestaria que les permitirá destinar el superávit a inversiones y no a amortización de la deuda, "todavía quedan muchos flecos por abordar para llegar a un consenso" que regule el ámbito local en los próximos años, apuntan fuentes municipales que insisten que "hasta que no vean en el BOE sus reivindicaciones no se lo creerán".
La misiva electrónica, en la que el vicesecretario de Política Autonomía y Local del PP destaca hasta en dos ocasiones el "carácter municipalista del Gobierno de España" fue remitida a todos los alcaldes populares tan solo dos días después de que se reuniese la Comisión Nacional de la Administración Local el pasado martes 16. En el encuentro, el secretario de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, hizo pública la reducción de 2.200 millones de euros de la deuda de los ayuntamientos a final de 2012, con un déficit del 0,55%, solo 0,25 décimas más de lo previsto.
Con estos datos en la mano "somos injustamente machacados", asegura un alcalde popular a este diario quien reconoce haber visto "por encima desde el iphone la carta de Arenas y haberla borrado porque no decía nada nuevo".
A su juicio, el objetivo del ministerio de Hacienda de ahorrar 7.100 millones de euros desde este ejercicio hasta 2015, es un intento de "frenar la economía doméstica, no pudiendo dinamizar las empresas locales ni mejorar los servicios a los ciudadanos". En este sentido, el edil refuerza su argumento apuntando que el déficit de los ayuntamientos es pequeño en relación al del Estado y todavía mucho más si se quitan del cómputo a las cinco grandes ciudades que se llevan la mayor parte del peso de la deuda".
Otro de los puntos donde la reforma de la administración local toca en hueso es en el reparto competencial. "Mientras las autonomías tienen más competencias para abarcar los ayuntamientos caemos en una red sin financiación", apostilla un edil del PP en relación al coste que les suponen los servicios de limpieza y mantenimiento de los colegios cuando las competencias en Educación las tienen las Comunidades autónomas. Por ello los ayuntamientos demandan que el periodo de transferencias tanto en esta materia como en Sanidad se haga en un año y no en cinco como preve el proyecto de ley y así ahorrar en costes.
Atentado contra la autonomía local
Sin duda la medida que ha puesto en pie de guerra a los alcaldes de todos los colores políticos es el fortalecimiento del interventor municipal contemplado en la futura ley, por lo que esta figura pasaría a depender directamente de la Intervención General del Estado y no de los alcaldes como hasta ahora. La Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) considera que se deben "suprimir este tipo de contratos tutelares que no se justifican y que podrían llegar a atentar contra la autonomía local".
Una de las cuestiones en las que tampoco ni el Gobierno ni los ayuntamientos se pone de acuerdo y que hace que los ediles piensen que "lo que pretende esta reforma es inventar la estructura política de España" es en el establecimiento de un coste estándar para los servicios.
De esta manera, en el caso de que se contrate un servicio a un coste superior a lo admitido deberán cederle ese servicio a las Diputaciones. La FEMP pretende que esta medida afecte solo a aquellos que no cumplen con los criterios de eficiencia y que, en todo caso de producirse , el incumplimiento sea el propio ayuntamiento el que adapte su estructura y el que cumpla.
Entidades
Puntos claves de la reforma local