Luis Bárcenas, Francisco Correa y el resto de imputados en la red Gürtel podrían estar ocultando dinero negro por medio mundo. Aunque no se hizo público hasta enero, el pasado mes de noviembre las autoridades suizas remitieron al juez la documentación solicitada por éste en la que se descubría que Barcenas llegó a ocultar en una cuenta 22 millones de euros.
Y según han confirmado fuentes jurídicas relacionadas con el caso, ahora acaban de llegar también los informes que se solicitaron tanto al Principado de Mónaco como a Singapur.
"Son informes que requieren una traducción oficial, por lo que es previsible que todavía se tarden algunos días en saber si los cabecillas de Gürtel (incluido Bárcenas) han ocultado o no dinero en estos dos países". Todo apunta que es así, pero habrá que esperar.
Cuentas
Lo único que se sabe ya, de acuerdo con la información remitida, es que Correa, imputado por cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, entre otros delitos, tenía en dos cuentas un total de 2,42 millones de dólares (alrededor 1,77 millones de euros) entre octubre de 2005 y octubre de 2007 a través de sociedades pantalla. Ruz ha reclamado ya a las autoridades de Singapur el bloqueo de las mismas, según adelantó el diario elconfidencial.com. Ahora habrá que analizar también la información que se ha remitido de otros imputados en la red, Luis Bárcenas incluido. Hay que tener en cuenta que en las comisiones rogatorias no sólo se pedía información sobre cuentas y sociedades a su nombre o al de posibles testaferros. También se pregunta por la existencia de tarjetas bancarias de crédito y débito, informaciones que reflejen las fechas y cantidades de los depósitos, recibos de pagos, datos sobre posiciones en valores mobiliarios e inversiones en bolsa, préstamos, bonos del tesoro, hipotecas y hasta por cajas fuertes.
Traslado
Al igual que ha ocurrido con la información remitida por Suiza, los datos que han enviado tanto el Principado de Mónaco como Singapur se han recibido en el Ministerio de Justicia, que tiene que trasladarlos de forma inmediata -y sin capacidad alguna para abrirlos o analizarlos- al juez instructor, en este caso Pablo Ruz. Las fuentes consultadas explican, de hecho, que si el juez observara que alguno de los documentos pudiera estar manipulado, no daría validez alguna a la información y solicitaría un nueva comisión rogatoria al país de origen, con lo que el proceso, lógicamente, se alargaría.
Suiza, Mónaco y Singapur no son, en cualquier caso, los únicos estados a los que la Audiencia Nacional ha solicitado ayuda para esclarecer el entramado de la red corrupta. Ruz ha pedido, de hecho, numerosa información a varios países de Latinomérica, sobre todo a Panamá, pero previsiblemente también a Uruguay, Brasil, Argentina y los paraísos fiscales del Caribe.
Al margen de rastrear los datos de Bárcenas, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia está investigando también las cuentas y sociedades que pudiera tener Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP. Tal y como adelantó el pasado jueves elEconomista en este caso la pista del dinero se está siguiendo, fundamentalmente, en Suiza y Panamá ante la sospecha de que, como marido, hubiera ocultado allí parte de su patrimonio.
Asimismo, ante las sospechas de que Correa y otros 20 imputados en el caso Gürtel tuvieran cuentas en Suiza o paraísos fiscales, el juez Ruz preguntó a la Agencia Tributaria sí, siguiendo los pasos de Bárcenas, se habían acogido a la amnistía fiscal para regularizar parte de los fondos supuestamente desviados. Entre las declaraciones especiales solicitadas, se encuentra la de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, que está imputada por un delito fiscal.
Además del extesorero del PP, que regularizó unos 10 millones de euros a través de la sociedad pantalla Tesedul, por los que pagó 1,55 millones de euros en impuestos, el constructor Alfonso García Pozuelo, imputado en el caso Gürtel, comunicó a la Audiencia Nacional en diciembre que se había acogido a la amnistía fiscal para regularizar una cuenta abierta en el Banco Merrill Lynch de Nueva York (Estados Unidos). El expropietario de Constructora Hispánica, acusado, entre otras cosas, de sobornar a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, para conseguir obras, regularizó medio millón de euros, lo último que supuestamente le queda por legalizar tras pagar 20 millones a Hacienda en 2010. Otro de los imputados que también se ha acogido a la amnistía fiscal es el exconsejero madrileño, Alberto López Viejo, que presuntamente ha legalizado 1,6 millones.
Entidades
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