El PP ha aprobado este fin de semana, en el marco de la XX Intermunicipal de la formación celebrada en Almería, un decálogo de medidas para mejorar la administración local que se incorporarán a la Ley de Bases de Régimen Local. El Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el mes de enero la reforma de esta ley.
Entre esas propuestas, sobresale que los populares -que controlan más de 3.600 ayuntamientos sobre un total de 8.264, entre ellos 34 de las 50 capitales de provincia- plantea que las competencias de Sanidad y Educación recaigan "de manera íntegra" en las comunidades autónomas.
A ello se suma la advertencia firme avanzada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su intervención en la primera jornada de esta reunión, el viernes pasado, sobre la eliminación de los entes que no presenten sus cuentas en tiempo y forma a los organismos fiscalizadores. Dutante 2012, fueron más de cinco mil los consistorios que no presentaron sus números al Tribunal de Cuentas.
Tema central
Sin embargo, el cónclave del PP ha estado empañado por el escándalo que sacude a la formación desde que hace unos días se revelase que el extesorero y exsenador del PP tenía una cuenta en Suiza en la que llegó a tener 22 millones de euros y que dirigentes de la cúpula del partido podrían haber cobrado sobresueldos en dinero negro.
Así, aunque la Intermunicipal estaba dedicada a desgranar las claves de la reforma local que ultima el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Montoro, todos los cargos del PP que han desfilado por Almería para estas jornadas han hablado en público o en privado sobre esta polémica en torno a Bárcenas.
Mariano Rajoy, que hoy reúne al comité ejecutivo nacional del PP por primera vez desde hace casi dos meses -tras las elecciones catalanas-, ya señaló que "no le temblará la mano" a la hora de tomar medidas ante el caso Bárcenas. Por su parte, la secretaria general María Dolores de Cospedal, que ya el viernes aseguró que "en este partido, quien la hace, la paga".
Más allá de este escándalo, en sus conclusiones en materia municipal, el PP plantea la modernización de la planta local española. "Entre las novedades más significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad, Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las comunidades autónomas. También, la racionalización y profesionalización de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial local", recoge el citado documento.
Además, aboga por hacer realidad el principio que ya proclamó Mariano Rajoy en su discurso de investidura: "una administración, una competencia". En este marco, apuesta por la "promoción de la medición, contratación y publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los ciudadanos". Según el PP, la reorganización de actividades y servicios puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.
Asimismo, sostiene que en la nueva ley local las entidades locales ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se garantice su sostenibilidad financiera. Se trata, precisa, de terminar "con el problema de las competencias impropias", que constituye una reivindicación histórica de los entes locales.
A este respecto, el alcalde de Almería y anfitrión de la intermunicipal, ya criticó el pasado viernes que esas competencias impropias llegan a abosrber entre el 20 y el 25% de la capacidad de gasto de los ayuntamientos.
Revisiones anuales
El decálogo también defiende un modelo que premie la mejor gestión local. Así, "otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar es la reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano superior". Tras cinco años, se podrán recuperar esas competencias perdidas.
Además, el documento explica que habrá una "regulación anual" del régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado; el número de los miembros de las corporaciones locales; las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de los órganos de gobierno.
Por último, el PP mantiene su objetivo de reducir un 25% el número de concejales en España, desde los 40.000 actuales. El PSOE se opone frontalmente a ello.
Homogenización de los Ayuntamientos