El dictamen de la comisión de investigación por el caso Madrid Arena, aprobado este miércoles en el Pleno de Cibeles, es "un texto de autoexigencia como Administración local" y marcará "un antes y un después" en los procedimientos legales en los que el Ayuntamiento tiene competencia, como ha defendido el portavoz del PP municipal, Enrique Núñez, también presidente de la sociedad Madrid Espacios y Congresos (Madridec).
Núñez ha subido al atril defendiendo la "transparencia" de la que ha hecho gala el PP "dando toda la información en el momento en el que se tuvo la información porque nada ha habido que ocultar". Después de asegurar que la alcaldesa "no sólo ha dado la cara, sino el cuerpo entero", el edil ha insistido en que el Madrid Arena tiene "todos los permisos en vigor" y ha destacado que en todos los contratos hay un componente de "confianza" que, en este caso, ha quedado "truncada". "Si en esa instalación metes el triple de aforo pues ocurre lo que ocurrió", ha subrayado.
En cuanto a las comparecencias, el portavoz del PP ha declarado que "compareció quien tenía que comparecer" y ha recordado que en la comisión de investigación celebrada en la Asamblea de Madrid en 1983 tras los sucesos en la discoteca Alcalá 20, los socialista negaron a la entonces Alianza Popular la comparecencia del alcalde, Enrique Tierno Galván, alegando que el regidor tenía delegada competencias en sus concejales, que eran los que podían informar mejor. "Estoy absolutamente de acuerdo con eso", ha alegado el concejal para explicar los motivos por los que Botella no pasó por la comisión.
Por otro lado, Enrique Núñez ha confesado que no le "temblará el pulso" si tiene que rescindir contratos después de conocer la información que le transmita el departamento jurídico ante un posible incumplimiento de la empresa Seguriber.
Depuración de responsabilidades
En el Pleno de Cibeles, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha exigido la depuración de "responsabilidades políticas y administrativas" tras criticar, a renglón seguido, "el veto impuesto por el PP al 70 por ciento de las comparecencias", como la de la alcaldesa, Ana Botella.
La comisión pretendía ser, según el socialista, una "mordaza y una tapadera autoexculpatoria para el equipo de Gobierno pero no lo han conseguido". "La población ya ha dictaminado, ustedes son responsables", ha concluido en el atril.
Desde Izquierda Unida, Ángel Lara ha echado mano del refranero español para aleccionar al equipo de Gobierno de la necesidad de aprender de los errores para no volver a repetirlos. Y es que, como ha destacado, en el Ayuntamiento ya había un precedente: la muerte de Álvaro Ussía en noviembre de 2008 en el Balcón de Rosales, un local que seguía abierto "a pesar de las reiteradas denuncias de la Policía municipal en las que recomendaba su cierre" y que sólo fue clausurado "de manera precipitada" por el anterior alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, días después del suceso y "sin que nadie asumiera responsabilidades políticas".
Lara ha defendido que, "ante las dudas de seguridad que tenía el pabellón y su cúmulo de irregularidades", la fiesta del 1 de noviembre "nunca debería haberse realizado". También ha exigido responsabilidades políticas, reclamadas por todos los grupos "salvo por el PP": "Quienes las deberían asumir siguen sentándose en este hemiciclo y usted (a la alcaldesa) se queda satisfecha con la providencial dimisión de Pedro Calvo", ha criticado después de acusar al Ejecutivo de haber actuado "como malos políticos, con control y miedo".
Por su parte, el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, ha destacado las "negligentes inspecciones", la "falta de coordinación" entre distintos cuerpos municipales y la incorrecta actuación del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, en su primera comparecencia pública tras la tragedia. "Descartó entonces el exceso de aforo cuando no se correspondía con la información que tenía la Policía municipal a las 4.15 horas", ha afirmado.
A eso ha añadido que los 'populares' tuvieron que hacer "cabriolas y malabares" debido a que Diviertt, la promotora de la fiesta, "no podría acceder a la concesión (del Madrid Arena) por las deudas que tenía con la Seguridad Social".
Dectamen de la comisión de investigación
El Ayuntamiento de Madrid obligará a los empresarios privados que organicen actos en edificios municipales a que contraten los servicios del Samur, previo pago de las tasas correspondientes, e instará a las autoridades competentes a que haya presencia de oficio dentro de los recintos de Cuerpos y Fuerzas del Estado en eventos cerrados con más de 5.000 asistentes.
Es una de las medidas incluidas en el dictamen de la comisión de investigación por el caso Madrid Arena, aprobado este miércoles en el Pleno de Cibeles. El Ayuntamiento de Madrid, igualmente, aplicará en todo momento la Ley de Contratos del Sector Público; se creará un mando único en materia de emergencias, rotativo entre Policía Municipal, Bomberos y Samur, y se apostará por una mejor transparencia y publicidad en los expedientes de contratación.
Son algunas de las propuestas que el PP ha transaccionado con los grupos de la oposición -3 aceptadas de las 38 presentadas por UPyD; 10 de las 25 socialistas y 4 de las 10 de IU--. Las conclusiones incluyen aumentar el número de inspecciones previas a dependencias municipales por parte de la Policía Municipal, una mayor divulgación de los planes de evacuación antes del comienzo de los espectáculos o la reducción drástica del aforo en edificios municipales permitiendo eventos donde el público esté de pie pero cumpliendo el aforo resultante de si dicho acto se celebrase con público sentado.
También se pretende transformar el actual departamento de Actos Públicos en la Oficina de Actos en Vía Pública para encargarse de la recepción, tramitación, gestión, coordinación y análisis de actos privados con impacto en vías públicas o en los que esté prevista la asistencia de más de 5.000 personas.
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