Ley 10/2012, de 20 de noviembre; un código que no dice nada. Sin embargo, la cosa cambia cuando se menta a la ley de tasas judiciales. Esta norma, impulsada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado: este mismo jueves entrará en vigor y, de esta forma, las personas físicas se unirán a las jurídicas a la hora de pasar por caja si quieren recurrir. Las jurisdicciones, que antes sólo incluían la civil y la contencioso-administrativa, también sumarán la social.
Estas polémicas tasas, resultado de una partida fija y una variable (en función del interés económico del pleito) oscilan entre los 100 y los 1.200 euros, a los que habría que sumar entre un 0,25% y un 0,50% de la cuantía procesal (el segundo porcentaje si los juicios son de un millón de euros).
Las cuantías a pagar quedan así:
+ Civil:
Monitorio y demanda incidental en el proceso concursal: 100 euros
Verbal y cambiario: 150 euros.
Ejecución extrajudicial y concurso ordinario: 200.
Odinario: 300.
Apelación: 800.
Casación: 1.200.
+ Contencioso-administrativo:
Abreviado: 200 euros.
Ordinario: 350.
Apelación: 800.
Casación: 1.200.
+ Social:
Suplicación: 500 euros.
Casación: 750.
El BOE, por su parte, señala que el objetivo de este tarifazo es "racionalizar" el ejercicio judicial, a la vez que las tasas "aporten mayores recursos que permitan una mejora en la financiación del sistema". La ley, sin embargo, ha resultado polémica.
Exenciones y la polémica
Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.
El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Por otro, tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del secretario judicial, que "comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite", según la ley, recogida por Europa Press.
La publicación de la norma ha sido recibida con lazos negros en los perfiles de los usuarios de Twitter y los hashtag de #LazoNegroPorLasTasasJudiciales y #stoptasasjudiciales en la red social. La imagen del lazo negro ha sido incorporada a los perfiles de la asociación de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
Recurso del PSOE al TC por "la tropelía"
La norma, tramitada con el cáracter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado y será recurrida por el PSOE ante el Tribunal Constitucional ante la posible vulneración del derecho a la igualdad de todos los españoles y el acceso a la tutela judicial efectiva.
Ayer mismo, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, anunció que el Grupo Socialista recurrirá ante el Tribunal Constitucional la norma, pues consideran que vulnera la igualdad de todos los españoles y el acceso al derecho a la tutela judicial efectiva.
El presidente del Consejo General de Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ya pidió este lunes al PSOE que plantease un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales, habida cuenta de que es el único grupo parlamentario de la oposición son suficientes diputados para formalizar esa impugnación.
"La decisión está tomada: Vamos a recurrir", ha aclarado este martes la portavoz del Grupo Socialista en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces.
Rodríguez ha recalcado que esta norma, que ha definido como "tasazo" es "una tropelía" y una "barbaridad" que ha suscitado el rechazo de todos los colectivos afectados y que sólo cuenta con el apoyo del Gobierno que la ha impulsado. Así, ha insistido en que la implantación de tasas va a dar lugar a "una Justicia para pobres y otra para ricos" y tiene su origen "en la peor ideología de la derecha".
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