El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, reclama que no se produzcan "más demoras" en la adopción de medidas y soluciones ante la problemática de los desahucios. Moliner ha mostrado la "sensibilidad" del Poder Judicial, -integrado por ciudadanos que "no son ajenos a la sociedad en la que viven"-, ante la "dramática situación" en relación a esta materia.
En este sentido, ha reclamado que no se produzcan "más demoras" en la adopción de medidas y soluciones "por parte de quienes tienen la responsabilidad en materia legislativa, sin excluir a los propios miembros del Poder Judicial".
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya ha recogido el guante: "Las respuestas al problema de los desahucios las tiene que dar el poder legislativo".
Lunes clave
Representantes del Gobierno y PSOE se reunirán este lunes para estudiar medidas que modifiquen la actual legislación sobre los desahucios y paralizar aquellos desalojos que puedan afectar a las familias más vulnerables.
Los ministerios de Presidencia y Economía ya tuvieron este viernes un contacto "urgente e inmediato" para ultimar una propuesta de periodo de carencia para evitar desahucios entre los colectivos más vulnerables.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, también se pusieron en contacto con la voluntad de acelerar "al máximo" los trabajos destinados a frenar los desahucios
Tras estos contactos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que este mismo lunes se podrían anunciar nuevas medidas en relación a la política sobre los desahucios, como "la paralización temporal" de los que afectan a las familias más vulnerables.
Durante un mitin en Lleida, Rajoy apuntó la necesidad de que se revisen los umbrales de exclusión "para aplicar mejor el código de buenas prácticas", de forma que los colectivos con más dificultades económicas puedan renegociar la deuda y permanecer en la vivienda.
Paso al frente
Los jueces, en un gesto sin precedentes, se han erigido en sorprendentes protagonistas en la crisis de las hipotecas, y han unido fuerzas y voces para urgir a una modificación de las leyes y defender a los afectados por los desahucios. Hace dos semanas ya presentaron al Consejo General del Poder Judicial una propuesta para proteger a las familias en situación más débil, que fue desestimado por el órgano judicial.
El juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, que tuvo que levantar el cadáver de Amaia Egaña, la mujer que se suicidó este viernes cuando iba a ser desahuciada, fue el primero en alzar la voz para pedir que se pusiese coto a esta situación.
Desde el comienzo de la crisis, se están produciendo 500 desahucios al día en España de media.
Sin embargo, el juez de Bilbao no fue el primero en manifestar inquietud por esta situación: un grupo de magistrados presentaron dos semanas antes ante el Consejo General del Poder Judicial un texto en el que volcaban su preocupación por los abusos que las entidades financieras estaban cometiendo con los titulares de hipotecas, como relata el diario El País.
En este informe, los jueces también desarrollaban una propuesta para proteger a las familias que estaban al borde de ser desahuciadas. La respuesta del CGPJ, no obstante, fue desestimar el escrito, que había sido apoyado por unanimidad por 47 jueces decanos.
Los jueces, por delante
A esta acción siguió el trágico suicidio de Amaia Egaña, el segundo que se produce en España por una situación de desahucio, y los políticos empezaron a reaccionar.
Los jueces están yendo varios pasos por delante en un gesto con ambición de demostrar su cercanía con respecto al sentir de la sociedad, como apuntó el juez decano de Bilbao.
La asociación principal del colectivo, Jueces para la Democracia, pidió a los magistrados que utilicen las herramientas de las que dispongan para frenar los desahucios.
Entidades
Alberto Ruiz Gallardón
Exministro de Justicia
Mariano Rajoy Brey
Expresidente del Gobierno
Lunes clave: las medidas