Política

La AVT pide a Fernández Díaz que explique "quién ha prevaricado" con Uribetxebarria

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha pedido al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz que explique ahora quien es el que ha prevaricado después de conocer el informe de la forense de la Audiencia Nacional que sostiene que el secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxebarria Bolinaga, puede ser tratado de su enfermedad en prisión.

"¿Ahora quién ha prevaricado? ¿los médicos del País Vasco?", ha preguntado Pedraza al ministro . El titular de Interior defendió este jueves el tercer grado otorgado a este preso por su Departamento alegando que no hacerlo habría sido incurrir en "prevaricación".

Pedraza considera que el informe de la forense "demuestra una vez más lo que venía denunciando la AVT, que Bolinaga no está terminal y que podía tratarse en prisión".

"Pedimos desde la AVT la revocación inmediata del tercer grado otorgado por Instituciones Penitenciarias, puesto que se ha demostrado que las circunstancias no son las que dijeron", concluye.

El PP, contra Mayor Oreja

El portavoz de Interior del PP, Conrado Escobar, ha replicado a quienes cuestionan el tercer grado que el Gobierno no tenía más margen que cumplir la ley "a rajatabla", como se hizo antes en casos parecidos, ya fuera con el PP o con el PSOE en el Ministerio del Interior.

El diputado riojano ha señalado que el caso de Josu Uribetxebarria Bolinaga es "un doloroso ejemplo de cumplimiento de la ley, pese a los sentimientos de todos los demócratas".

Escobar ha dicho compartir el sentimiento de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, que ha anunciado huelgas de hambre en protesta por la excarcelación del etarra, pero ha insistido en que el Ministerio del Interior no tenía margen para hacer otra cosa.

A su juicio, en el caso de Uribetxebarruia "se dan todas las circunstancias" para el tercer grado, pues padece una enfermedad incurable con una supervivencia estimada inferior a un año y con dificultad para volver a delinquir.

Según le consta, el Ministerio del Interior está explicando esto a las asociaciones de víctimas, que el PP son pieza fundamental en el proceso. "Me consta que está procurando explicar la decisión de la única forma posible, que es aplicar la ley", ha añadido.

Aguirre y Mayor Oreja

Ante las críticas de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha asegurado que ella no habría concedido el tercer grado al etarra, el portavoz del PP ha subrayado que los informes médicos son "contundentes". "Esto hay que verlo desde la estricta observancia del cumplimiento de la ley y, por muy doloroso que pueda parecer, no hay otro margen de maniobra que imperativamente tomar la decisión que se ha tomado", ha remarcado.

Y ante los reproches del exministro Jaime Mayor Oreja, quien considera que la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy refuerza las posiciones de ETA, Conrado Escobar ha reiterado que también bajo su mandato hubo evoluciones de grado para presos enfermos y que en este caso no había otra opción. "Hay que dejar el sentimiento y cumplir la ley a rajatabla", ha repetido, sin querer polemizar con Mayor Oreja, a quien sigue considerando "un referente".

Apoyo gubernamental

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la gestión del Ejecutivo en torno al caso 'Bolinaga' asegurando que se ha cumplido la ley "como se viene interpretando y aplicando". Sáenz de Santamaría ha hecho estas declaraciones al ser preguntada acerca de si el ministro del Interior se excedió este jueves al comparar su política penitenciaria con la de algunos de sus antecesores como Jaime Mayor Oreja.

En concreto, Jorge Fernández Díaz defendió la concesión del tercer grado para el secuestrador de Ortega Lara alegando, entre otros argumentos, que durante la primera legislatura de Aznar, con Mayor Oreja como ministro del Interior, se hizo lo mismo con 18 etarras.

"Este Gobierno actúa cumpliendo la ley en la forma en la que se ha venido interpretando y aplicando", ha respondido la vicepresidenta durante la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, donde ha recordado que "ahora le corresponde al juez tomar una decisión a la vista de los informes y el Gobierno respetará la decisión".

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