El 15 de agosto el periódico del grupo Intereconomía, con el que Mario Conde ha colaborado abundantemente en los últimos tiempos, informaba en primera página de que el exbanquero, condenado a 14 años de cárcel por estafa y apropiación indebida en el 'caso Banesto', ha decidido dar el paso a la política, como candidato de un partido llamado 'Sociedad Civil y Democracia' con el que, según afirma, buscará "la regeneración que muchos consideran imprescindible" para que "la sociedad civil pueda recuperar sus derechos".
El nuevo partido propugnará, nada más y nada menos, la apertura de un proceso constituyente y una reforma de la ley electoral (las minorías, ya se sabe, están sistemáticamente en contra de la ley d'Hondt, que evita innumerables aventuras probablemente poco útiles para el sistema democrático).
No es la primera vez que Conde tiene veleidades políticas. Cuando estaba en la cumbre de su poder económico y mediático, antes de la intervención de Banesto el 28 de diciembre de 1993, ya había acariciado la idea de convertirse en el líder de la derecha española, lo que entonces le acarreó la más profunda animadversión de José María Aznar, quien no opuso la menor objeción a la drástica decisión expropiatoria del gobierno González. Y, tras aquellos hechos y su paso por la cárcel, se adueñó de las siglas del Centro Democrático y Social, cuando ya Adolfo Suárez las había abandonado, con resultados irrelevantes.
Desde sus tropiezos con la justicia, Conde ha mantenido siempre las mismas tesis: la democracia estaría enajenada y en poder de "el sistema" -es el título de su primer libro-, formado por una serie de poderes oscuros que habría que erradicar mesiánicamente para devolver España a sus legítimos propietarios. En realidad, se trata del mismo populismo de todos los tiempos, llevado a la caricatura por Juan Domingo Perón: puesto que las instituciones, incluso las clásicas representativas, son manipulables y están corruptas, el verdadero líder prescinde de ellas y se comunica directamente con el pueblo. Le habla, recibe sus respuestas, lo interpreta a partir de los mítines multitudinarios. El modelo responde a las viejas autocracias y representa al caudillo arengando a las muchedumbres y recibiendo adhesiones de ellas.
Es poco probable que la nueva aventura de Mario Conde, a la que se han adherido corriendo unos cuantos cientos de disidentes del PP ?una ignota plataforma denominada 'Democracia y libertad en el PP'-, consiga un gran arrastre. La ciudadanía, muy intuitiva, tiene que sorprenderse por fuerza cuando quien predica la necesidad de nuevos valores y de grandes principios es precisamente alguien que ha sido condenado en firme por delitos económicos de gran calado mientras se hallaba al frente de una institución de crédito. Y en cualquier caso, no parece que esté país esté descontento con el edificio constitucional de que se dotó hace más de treinta años, que necesita sin duda una actualización pero en modo alguno una demolición para construir otra cosa.
Por el contrario, ya hay quien habla de que el exbanquero debe pagar todavía por los delitos que se le imputaron y devolver el dinero que habría defraudado.
Algunas líneas programáticas
El programa Sociedad Civil y Democracia (SCD) es un melting pot heterogéneo y pintoresco:
Entre sus propuestas, destaca reformar la Constitución para garantizar la independencia de la Justicia, transformar el Estado de las Autonomías y reducir el número de ayuntamientos allí donde el tamaño, la viabilidad económica y la proximidad aconsejen agrupar varios municipios y pedanías bajo un único órgano rector.
Además, se apuesta por que el articulo 2 de la Carta Magna quede redactado como sigue: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la igualdad y el derecho a la solidaridad, entre todas las regiones y provincias de España".
También se aboga por establecer que el castellano "es la lengua española oficial del Estado" y que su enseñanza, uso y aprendizaje "es irrenunciable". Las demás lenguas gozarán de protección estatal y podrán ser objeto de enseñanza y aprendizaje como segundo idioma a elección de los progenitores, "pero nunca en detrimento" del castellano.
Se propugna además una modificación constitucional que reconozca y potencie la iniciativa legislativa popular y simplifique el proceso, así como una nueva ley del referéndum popular, tanto consultivo como vinculante, mediante la ampliación de las materias que puedan ser objeto del mismo.
Se postula la eliminación de la obligatoriedad de negociar convenios colectivos, la supresión de las subvenciones generalizadas por parte de todas las administraciones y el pase de las políticas activas de empleo a un organismo dependiente del Ministerio de Educación, sin intervención sindical.
Se pretende introducir modificaciones en el sistema de financiación de las elecciones, con límites a los gastos electorales, y reformar el sistema electoral para consagrar el principio de "un hombre, un voto" son otras de sus ofertas.
Finalmente, se propone eliminar la financiación publica de los partidos políticos, los sindicatos, las patronales, las fundaciones de partidos y algunas ONG, así como la imposición de penas muy severas para los jueces y fiscales que, "con abandono del derecho, dicten resoluciones o actúen por servilismo político o por motivos espurios".
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