Produce cierto malestar manejar la hipótesis del rescate total de nuestro sistema económico (es como mentar la soga en casa del ahorcado), pero a la vista de la evolución de la prima de riesgo y de la propia aprensión del Gobierno y del resto de la clase política no queda más remedio que comenzar a barajarlo que De Guindos lo haya descartado esta mañana con rotundidad (o precisamente por ello).
El rescate total nos enfrentaría a una paradoja perversa que deberíamos resolver con rapidez: por un lado, representaría el fracaso objetivo de la estrategia gubernamental y así sería percibido sin duda por la opinión pública, por el electorado. Por otro lado, el Gobierno actual acaba como quien dice de ser entronizado con la una potente mayoría absoluta, y conserva, según todas las encuestas, buena parte de su ascendiente aunque acusa como es natural un fuerte desgaste.
Así las cosas, y puesto que debe prevalecer en todo caso el principio democrático (en materia y en espíritu), debería descartarse de momento una convocatoria de elecciones que sería innecesaria porque no se plantea un déficit de legitimidad. Sí sería necesaria, en cambio, la convocatoria de un pacto nacional, semejante a los Pactos de la Moncloa, que versase sobre la estrategia general a seguir, sobre la formación de un gobierno de concentración presidido incuestionablemente por el PP, y sobre la convocatoria de unas elecciones a plazo determinado. En dicho gobierno, cuya pieza fundamental sería un vicepresidente económico de consenso, deberían integrarse algunos miembros de la oposición y algún técnico particularmente cualificado.
En definitiva, el rescate, si se produce -y conviene precisar que no es deseable que así suceda ya que la condicionalidad con que se nos ofrecería la ayuda sería en este caso infinitamente más rígida y dura que la que se ha impuesto a cambio de la financiación bancaria- no plantearía problemas de estabilidad política, pero sí exigiría una respuesta contundente que plasmara la corresponsabilidad nacional frente al reto -la disposición de todos los partidos a luchar codo con codo con la crisis y en pos del crecimiento- y un frente común para limitar daños -es decir, para preservar lo esencial del estado de bienestar- y tratar de mantener el control interno de nuestros principales elementos democráticos del modelo que responden a la voluntad general.
Si llega la intervención, las miradas estarán puestas, airada e inquisitivamente, en los partidos parlamentarios: si éstos reaccionan con verdadero desprendimiento, magnanimidad y patriotismo, serán secundados por la opinión pública. Si, por el contrario, optaran por pescar a río revuelto, serían definitivamente descalificados y correríamos el riesgo de que, en su lugar, emergieran otras formaciones radicales y/o populistas. Pero ésta es otra cuestión.
¿"Incompetente y cobarde?"