La caída de Carlos Dívar ha desempolvado los viajes de políticos y altas autoridades del Estado a cargo del erario público. La débil frontera entre lo público y lo privado, la falta de herramientas de control o la poca cultura de denuncia han servido para que otros casos como el del magistrado malagueño hayan pasado por la opinión pública de perfil.
Los 32 viajes de Dívar no han sido los únicos desplazamientos polémicos de la actualidad informativa española, si bien, sí el único que ha desencadenado una dimisión.
La semana pasada, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quedaba en entredicho tras la denuncia del PP por los 50 viajes realizados en dos años, surcando los cielos desde las Islas Bermudas a Kazajistán, bajo el epígrafe de pertenencia al Instituto Internacional de Ombudsmen. En su defensa, CIU recordó que solo en 2011 la defensora del Pueblo había recorrido el mundo en 25 ocasiones.
Ausencia de legislación
España es el único país europeo con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Hasta que tome vigor la Ley de Transparencia -hoy, solo en periodo de tramitación-, ubicar la frontera entre lo privado y lo público y justificar la necesidad de los gastos se torna complicado al tiempo que se fomenta el alejamiento entre ciudadanía e instituciones.
Desde la España democrática, los dispendios presuntamente injustificados de los políticos apenas han subido el peldaño de editoriales, columnas y tertulias radiofónicas, pero no se han sometido al control político y judicial.
Desde 1988 hasta ahora
Ya en 1988, El País denunciaba desde sus páginas el polémico viaje de Alfonso Guerra desde el Algarve a Sevilla, a bordo de un Mystére. Entonces, el que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González utilizaba un avión del Ejército para sortear un atasco en la frontera portuguesa. Guerra se encontraba de vacaciones y los gastos no fueron más allá de la denuncia de algunos medios.
En una posición menos relevante que la de Guerra, y ya en 2006, el secretario de Estado de Deportes, Jaime Lissawetzky, era discutido desde las ondas de La Cope por el periodista José Antonio Abellán por unos cuantos desplazamientos a Japón con motivo del Mundobasket. Junto a él viajaban su esposa, el director del Consejo Superior de Deportes, la señora de éste y, los hijos del matrimonio. Fuentes de la Federación Española de Baloncesto pusieron en preaviso a Abellán. Lissawetzky siempre mantuvo que fue él quien pagó sus gastos. El caso se cerró sin más.
En plena crisis, concretamente en 2010, el embajador Inocencio Arias se quejaba en su blog de los viajes de la vicepresidenta del Gobiero Teresa Fernández de la Vega. El embajador precisaba del derroche de una estancia en Nueva York, acompañada por un séquito de 40 personas para acudir a un concierto en la ONU y asistir a un seminario de la Transición presenciado, según el diplomático murciano, por un puñado de estudiantes. Arias estima que el gasto era de 400 euros dólares/persona/día, eso sin contar el avión. En su momento, lo tildó de "frívolo y contradictorio".
Y si de viajes polémicos se trata, el de Zapatero con su mujer y sus hijas a Nueva York . El presidente otrora presidente del Gobierno intervenía ante las Naciones Unidas. El vuelo, y sobre todo la permanencia de sus hijas, sin agenda durante días, no pudo escapar de críticas sonadas. La Voz de Galicia se preguntó quién pagaba este viaje. Rajoy pidió prudencia por estos gastos y preguntó por el coste. Ahora, el entonces líder de la oposición tuvo que dar explicaciones por un controvertido viaje a Canarias.
Un hecho consolidado
Los viajes de diputados y senadores para visitar otras delegaciones internacionales o estar presentes como observadores de unas elecciones; los desplazamientos de los presidentes autonómicos a países extranjeros para promocionar sus comunidades; los de alcaldes a ferias, museos o ciudades hermanadas en España o en el extranjero, en algunas ocasiones escapan del control establecido por las administraciones por la dificultad de establecer una línea de separación.
Con todos estos mimbres, expertos, catedráticos y activistas del derecho a la información justifican que España estrene una Ley de Transparencia que imponga sanciones y buenas prácticas. Pero como toda ley existe un procedimiento, y hasta que esto pase, advierte un experto jurista a EcoDiario.es, pueden pasar meses e incluso años.
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¿Por qué no se dimite en España?