
Como es conocido, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial según el artículo 122 de la Constitución de 1978. Su composición esta tasada por uno de los párrafos del referido artículo: "El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años".
De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión?.
Desde 1985
El primer Consejo fue elegido conforme a la literalidad de la norma constitucional. Pero la ley orgánica correspondiente, la ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que impulsó Felipe González y que otorgaba todo el protagonismo al parlamento, establecía en su artículo 112 que cada una de las cámaras que forman las Cortes Generales elegiría a diez vocales por mayoría cualificada de tres quintos. Seis entre jueces en servicio activo y cuatro entre juristas de reconocida competencia. No podían ser elegidos los miembros del Consejo saliente ni quienes prestaban servicios en sus órganos técnicos. El Presidente, cabeza del Poder Judicial, que lo es también del Tribunal Supremo, es designado por el Pleno del CGPJ entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia. Durante su mandato, los vocales no pueden ser removidos ni sustituidos ni cesados y no pueden ser reelegidos. Formalmente, son nombrados por el Rey de España.
En 2001, Aznar impuso una modificación de la ley orgánica que incrementaba la participación de los jueces y magistrados, no en la elección, que se mantenía en manos de las Cámaras parlamentarias, sino en la propuesta de candidatos. La Ley Orgánica 2/2001, de 21 de junio, modificó el art. 112 LOPJ reformando el procedimiento de elección de vocales procedentes de la magistratura: las asociaciones profesionales de la judicatura o las agrupaciones de jueces que sumen, al menos, el 2% del total de los jueces en servicio activo, pueden presentar a las cámaras un total de treinta y seis candidatos, de los cuales el Congreso elegirá a seis y los otros seis serán elegidos por el Senado de entre los treinta restantes.
Intereses de partido
Gallardón, a su llegada al Ministerio de Justicia, anunció un nuevo cambio, que todavía no se ha producido: pretende regresar a la literalidad de la Constitución, de forma que los doce vocales de procedencia judicial sean efectivamente elegidos endogámicamente por el colectivo de jueces y magistrados.
La mayoría de tres quintos requerida para la renovación del CGPJ ha generado una práctica viciada: los partidos, en lugar de apoyar a personas indiscutibles por su preparación y solvencia, capaces de suscitar amplio consenso y de lograr por tanto el apoyo necesario, se han repartido el consejo por cupos: PP, PSOE y, en ocasiones, las minorías efectúan una distribución de los consejeros según su fuerza parlamentaria, y designan a leales incondicionales y sin sentido crítico, en los que la profesionalidad y competencia no son ni mucho menos las cualidades destacadas. De esta forma, el CGPJ, un órgano político (no se olvide), es un trasunto retrasado del parlamento, y las decisiones se toman con criterios partidistas, reproduciéndose las mayorías parlamentarias de manera automática. Naturalmente, a veces el automatismo se altera por movimientos conspirativos, cambios de chaqueta, traiciones, formación de camarillas, etc.
El consejo actual, que fue nombrado el 23 de septiembre de 2008, tiene mandato hasta el mismo día de 2013, y elegirá presidente y vicepresidente por mayoría de tres quintos (computada sobre la totalidad de sus miembros), es decir, por doce votos. La heterogeneidad y el cambio de gobierno que ha tenido lugar anuncian un debate largo y enconado, que podría no producir frutos, en cuyo caso se mantendría al frente el actual vicepresidente Fernando de Rosa Torner. Sus cualidades han quedado de manifiesto a través de sus patéticas declaraciones en las que ya ha hablado como futuro presidente, antes incluso de la dimisión material de Dívar.