"Sin luz y sin agua, se van a quedar sin comida, sin nada". La situación de los ancianos residentes en el centro geriátrico 'El Retorno', en Alalpardo (Madrid), es desesperada. La portavoz, Consuelo Gala, anuncia que la cuenta atrás ya ha empezado: el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha prorrogado el recorte impuesto a este centro hace sólo doce meses.
"La Dirección General nos presupuestó inicialmente una subvención anual de 150.000 euros, aunque luego subieron otros 100.000 más, de palabra. Sin embargo, la cifra queda aún lejos de los 438.618,97 euros, la cantidad que necesitamos para continuar abiertos", detallan fuentes del centro.
"Un total de 19 residentes" se quedará en la calle "en apenas 10 días". "A principios de la semana que viene expira el plazo", lamenta Gala. Pocos ancianos, emigrantes españoles retornados de países como México, Francia, Venezuela y Alemania, pueden contar con su familia: la mayoría no tiene cónyuge ni descendientes, y otros los han dejado en los países donde vivían. "Están solos", explica Gala.
Este hecho, unido a que pocos de los internos pagan una parte de la cuantía mensual, dificulta aún más la situación. "Los pocos que tienen pensión aportan un máximo de 400 euros y el resto, nada", informa la portavoz del centro.
En este contexto, los nubarrones se ciernen sobre el futuro de los ancianos. "Queremos fondos y, sobre todo, queremos el realojamiento: esta situación es de emergencia social y nadie tiene prisa", se queja Gala.
La estancia de estos internos de más de 65 años, en cualquier caso, tiene carácter provisional, mientras la autonomía en la que el emigrante español retornado ha solicitado una plaza residencial la proporcione. "Esa es la intención del Ejecutivo, pero el problema es que tardan hasta cinco años en algunos casos y eso es mucho. No tienen prisa", según fuentes del centro, pese a que fuentes gubernamentales aseguran que el tiempo máximo de estancia no suele superar los seis meses.
El dinero es el culpable
El centro, que depende de la entidad privada Gumiel Obra Social, tiene un convenio desde 1996 con el Ministerio. "El problema que tenemos es que, con los importes subvencionados, no podemos cubrir el presupuesto; por eso nos vemos obligados al cierre".
Los recortes del Gobierno obligaron a reducir las plazas de 'El Retorno' en 2011. De 40 se pasaron a 30 y de ahí a 20, "con la promesa de que en 2012 se volvería a las cifras y a las subvenciones anteriores". No obstante, este año se ha congelado la asignación, manteniendo los cupos del centro. Siempre según estas fuentes, el geriátrico no puede mantenerse con las cantidades aportadas, pese a que sólo tienen ocupadas 19 de las 30 plazas establecidas. Las cuentas del Ministerio, en cambio, rebajan hasta 20 las plazas asignadas por el convenio en 2011, lejos de las 38 de 2007.
"Desde la Dirección General de Migraciones nos dijeron que el viernes pasado iban a venir dos trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, aquí no se presentó nadie ni avisaron de que no iban a venir", cuenta Gala. "Sólo ha venido una trabajadora social del Ayuntamiento de Alalpardo. Nadie nos ha dado una explicación, no sabemos nada". Así, la residencia trabaja a contrarreloj: una veintena de ancianos podrían quedarse sin techo.
La versión del Gobierno
El proceso que podría terminar con 19 ancianos en la calle la próxima semana comenzó el pasado 9 de mayo. Esa fecha, se celebró una reunión en la Dirección General en la que se informó a Gumiel del importe previsto de la subvención y de los trámites a realizar.
"El 18 de mayo, Gumiel remitió un burofax en el que comunicaba la falta de viabilidad (...) y la decisión de presentar concurso de acreedores", cuenta el Ministerio, que también admite que se solicitó "la reubicación de los 19 residentes antes del 26 de mayo, por cese de la prestación del servicio de cátering".
La Administración instó entonces a la residencia, que justo entonces reclamó los más de 438.000 euros, a mantener la atención a los afectados, "en virtud del compromiso adquirido". Así, la Dirección General "ofreció la posibilidad de incrementar el importe en 100.000 euros y de estudiar la vía de compensar el importe de 35.000 euros que existe a favor suya por la regularización de la subvención de 2011".
Este mismo mes, la Dirección General recibió otro burofax en la que solicitaba el traslado sin más demora.
El Estado, mientras, negociaba con la Comunidad de Madrid y con el Consistorio de Valdeolmos-Alalpardo, para "tramitar la declaración de situación de emergencia social".
Entidades
La letra pequeña de la reforma sanitaria