Los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente. El Real Decreto ley de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que se publica hoy en el BOE, considera estos productos y actividades como "servicios accesorios" sujetos a aportación por parte del usuario.
El porcentaje de aportación del usuario "se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique ningún limite de cuantía a esta aportación".
Ese tipo de prestaciones -ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente-, que se dispensan de manera ambulatoria, estarán incluidas en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
También destaca en la norma la modificación del artículo relativo al desarrollo de los servicios comunes, entre los que no se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos que no tengan suficientemente probada su "contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento"
Recorte de precios
El Ministerio de Sanidad impondrá otro recorte de los precios de los medicamentos a través de un nuevo sistema de precios seleccionados, además de elevar las escalas de deducciones que gravan las ventas de las farmacias, según el borrador de la norma.
Dos fórmulas que ni la ministra de Sanidad, Ana Mato, ni las comunidades autónomas avanzaron el pasado miércoles, y que tanto farmacéuticas como boticas consideran más que agotadas, tras encajar el cuarto recorte por decreto en menos de dos años.
Mato sí avisó la semana pasada de que iba a concentrar las medidas en el gasto farmacéutico para reducir este capítulo en 3.500 millones, sin concretar otras medidas más allá de la revisión del copago farmacéutico en función de la renta. Pero esta reforma que, por primera vez, obligará a los pensionistas a pagar el 10% de sus medicamentos, con distintos topes y excepciones en función de sus ingresos, es de difícil aplicación y solo prevé recaudar entre 150 y 200 millones, según el Ministerio. Una previsión que expertos como Jaume Puig-Junoy elevan hasta los 500-700 millones, en el mejor de los casos, sin contar el efecto disuasorio de la medida en la demanda.
Para alcanzar los 3.500 millones de ahorro en la partida de medicamentos, el borrador de medidas urgentes introduce un precio máximo de financiación para determinados medicamentos y grupos de medicamentos de gran consumo, como estatinas o antiulcerosos, que serán de obligada prescripción y estarán en vigor durante dos años. Todos los laboratorios que no ajusten las tarifas de sus fármacos al máximo fijado por el Gobierno quedarán fuera de la cobertura pública.
El Gobierno quiere ir más allá
Además, el nuevo decreto eleva la escala de aportaciones por volumen de ventas aplicada a las farmacias desde 2010. Si en 2010 las boticas devolvieron al sistema de salud 488 millones, la propuesta del Gobierno exprime de nuevo este sistema al ampliar la tabla de aportaciones y fijar porcentajes de devolución que oscilan entre el 12,98% y un máximo del 27,52% sobre los ingresos de las farmacias que más facturan. A cambio de subir la presión sobre todos los tramos de facturación, el Ministerio abre la mano con las boticas que no alcanzan a ingresar 25.000 euros al mes, a los que se aplicará un índice corrector del 3,40%, según el último borrador del decreto.
Para Mato, el gasto en medicamentos "está disparado" en España, pese a que esta partida acumule un retroceso del 11,2% en los dos últimos años.
El Gobierno quiere ir más allá en el recorte farmacéutico, ya que prevé además impulsar el uso de genéricos a través de la prescripción por principios activos, eliminar de la cartera pública fármacos indicados para tratar síntomas menores que tengan la consideración de publicitarios en Europa y, por lo tanto, no sean financiados por el sistema público o no cuenten con el aval científico de su eficacia. Otra medida recogida en el decreto que afectará al sector es la adecuación de los envases a la duración de los tratamientos, con envases más amplios para pacientes crónicos y más reducidos para las enfermedades agudas.
Sanidad "blinda" el Sistema Nacional de Trasplantes
El Gobierno ha aprovechado el decreto sobre los ajustes sanitarios para "blindar" el Sistema Nacional de Trasplantes contra "intromisiones" como la de la empresa alemana DKMS, que llevó a cabo en enero una campaña de captación de donantes de médula sin las autorizaciones pertinentes.
Con este fin, el Ministerio de Sanidad ha modificado la normativa que hasta ahora regulaba las normas de calidad y preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, según ha informado el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz.
A partir de ahora, las entidades que pretendan desarrollar cualquier actividad de promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos "deberán solicitar la autorización previa de las administraciones sanitarias competentes".
El copago será difícil de aplicar
