"No es bueno utilizar el Tribunal Constitucional como una tercera instancia para dilatar los efectos de la sentencia, ni utilizarlo como una segunda cámara para alargar el debate parlamentario, o someterle cuestiones de inconstitucionalidad para eludir la imposición de una sentencia".
Así de claro lo dejó ayer el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay Montalvo, que apeló a las desestimaciones y a las inadmisiones de muchísimos recursos y cuestiones que llegan al Alto Tribunal, "dado que tenemos que proteger los derechos de los ciudadanos y los mecanismos que tienen éstos para evitar el abuso de poder de quienes somos servidores de un Estado".
Durante la celebración del XIII Congreso Nacional de Procuradores, aseguró, por otro lado, "que no es conveniente que quien ostenta la representación de los ciudadanos en un proceso tenga también su defensa", apostando por la necesidad de que las funciones de los abogados y los procuradores sigan claramente definidas.
Y es que, dijo, "cuando se confunden profesiones, se invaden competencias o se eluden los pasos marcados por la Ley, tenemos garantizado el desastre".
Por su parte, Ramón Trillo Torres, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, abrió el debate respecto de los aranceles de los procuradores y sus minutas en el proceso.
En este sentido, recordó que la Audiencia Provincial de Barcelona elevó el 1 de marzo de 2012 una cuestión prejudicial sobre este asunto al entender "alarmante" la minuta de los procuradores. Se trata de una cuestión, aseguró, "sobre la que la Sala 3ª del Supremo va a hacer una reflexión específica y de enorme importancia
Ejecución de sentencias
También ayer se abordaron nuevamente las dos peticiones que el presidente de los procuradores, Juan Carlos Estévez, transmitió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón durante el acto previo al comienzo del Congreso: la asunción por parte de los procuradores de todos los actos de notificación y comunicación judicial y de la ejecución de las sentencias, extrapolando a nuestro sistema judicial lo que ya se hace en países de nuestro entorno.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, apostó por los procuradores en orden a una mayor eficacia en la ejecución de las sentencias que dicten jueces y magistrados. Así, dijo, "la posibilidad de que lleven a cabo la comunicación procesal y la ejecución de sentencias queda abierta en el actual proceso de reestructuración de Justicia".
En la misma línea, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, indicó que "en el tránsito a una Justicia moderna los procuradores podrían asumir más funciones en materia de comunicación de actos, ejecución de sentencias y realización de embargos".
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