Todo depende del ojo con el que se mira. El paquete de reformas en materia de Justicia anunciado ayer por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría no ha caído con la misma gracia en las dos principales asociaciones de jueces del país. A tenor de sus declaraciones se adivina un divorcio. El PSOE se queja de no saber "ni mu".
"Fracturas dentro de la judicatura, mal diagnóstico, desacuerdo absoluto". Las medidas en materia de Justicia adelantadas ayer por la número dos del Gobierno no han podido caer peor en el seno de Jueces para la Democracia.
Mal diagnóstico del Gobierno
A la espera de la llamada del ministro Ruiz-Gallardón, la asociación entiende que sin consenso, y no valiéndose de mayorías suficientes, "es imposible hacer una reforma de este calado que afecta en primer lugar al sistema de elección de 12 de los 20 miembros que componen el CGPJ".
"El sistema actual presenta disfunciones, es verdad", reconoce en exclusiva para EcoDiario.es el portavoz de JpD, José Luis Ramírez Ortiz. "Pero la elección por parte de la judicatura no garantiza el fin de las luchas partidistas", como aboga el titular de Justicia. "Queremos un sistema proporcional y no partidista. Y sabemos que hay que abordar el problema, pero la solución que propone el Gobierno supondrá una fractura dentro de la Judicatura".
En cuanto al restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad, JpD no se muestra partidario del cambio. "Porque se puede dar un utilización abusiva del recurso, ya que, dependiendo de las fuerzas políticas, se podría suspender la ley en cuestión, hasta que el TC resuelva". (Leyes como la Ley de Matrimonios Homosexuales o la nueva Ley del Aborto con esta modificación podrían verse afectadas).
Finalmente, tampoco la Asociación que representa a Jueces por la Democracia comulga con la iniciativa de elección vitalicia de los miembros del Constitucional -en la actualidad los cargos son para nueve años-. "Para evitar la despolitización del órgano los partidos tienen que hacer políticas de Estado y designar magistrados más propicios".
Retomar a Montesquieu
En el polo opuesto a JpD están los representantes de la Asociación Francisco de Vitoria. González Armengol, en su nombre, valora punto por punto cada una de las reformas, menos una -el tiempo de elección de los miembros del Constitucional-. En este sentido, aclara, "que sean vitalicios o no es intrascendental. Lo que importa es que haya un sistema de nombramiento de personas competentes. Por lo demás, las renovaciones siempre vienen bien al órgano".
Apenas sorprendidos por el anuncio de Sáenz de Santamaría -"las reformas estaban en su programa"-, al igual que JpD, defieden un consenso entre las principales fuerzas políticas y un encaje del mismo. Entre tanto, valoran el nuevo sistema de elección para los miembros del CGPJ porque "mejoran la imagen de independencia de los jueces, dará más representación, no como ocurre actualmente y, reforzará la independencia de los dos poderes, o lo que es lo mismo, retomaremos a Montesquieu".
A propósito del recurso previo de inconstitucionalidad, la Francisco Vitoria insiste en que el TC necesita cambios. "Este recurso ya existía, pero es bueno recuperarlo. Hay que hacer un deslinde del TC y TS. Y por otro lado, entendemmos que los recursos de amparo han de pasar a una sala del Supremo especial o a una de las salas del Supremo". La legalización de Bildu, de este modo, nunca hubiera acabado en el Constitucional."Si el Gobierno alcanza un acuerdo con el Parlamento, explican fuentes jurídicas a EcoDiario.es, la próxima renovación del CGPj podría aprobarse en un año.
El PSOE: "Ni mu"
Fuentes de la judicatura consultadas por EcoDiario.es adelantan que "si la lógica de la mayoría funciona y hay consenso, las reformas estarán aprobadas en un año". Ayer, el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Ramón Jaúergui, se mostró molesto por no haber sido informados de las decisiones del Gobierno del Partido Popular. "No nos han dicho ni mu", subrayó.
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El fin de la lucha política