Política

Piden los votos que faltan para ratificar la Convención contra la Desaparición Forzada

Bogotá, 22 abr (EFE).- El II Congreso Mundial sobre Desaparición Forzada que se celebra en Bogotá pidió hoy a la comunidad internacional los dos votos que faltan para que la Convención Internacional de la ONU sobre ese delito pueda entrar en vigor.

La cruzada por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, aprobada a finales de 2006, la lidera el experto argentino Rodolfo Mattarollo, quien encabeza la delegación de su país en la cita de Bogotá.

El también consultor de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Argentina recordó, en declaraciones a Efe, que "hasta ahora, la Convención ha sido ratificada por 18 Estados", pero para que entre en vigor faltan aún dos votos.

En el ámbito americano, este acuerdo ha sido ratificado por Argentina, Cuba, Chile, Uruguay, Bolivia y Ecuador, entre otros países, señaló Mattarollo, al recordar que Brasil y Colombia todavía no lo han hecho.

En el caso de Colombia, la ratificación está pendiente de que el Congreso gestione y apruebe el proyecto de ley que debe incorporar la Convención Internacional a la legislación nacional, y dicha iniciativa fue presentada al Parlamento en abril de 2009 por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Convención contra la Desaparición Forzada fue negociada durante tres años por representantes de 60 países miembros de la ONU y organizaciones no gubernamentales (ONG).

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU la aprobó por consenso en junio de 2006 y, seis meses más tarde, fue votada de manera favorable y unánime por la 61 Asamblea General de Naciones Unidas.

"Es un instrumento poderoso para proteger a las víctimas de la desaparición forzada y su entrada en vigor sería de enorme importancia en ese plano", resaltó Mattarollo.

Su aprobación en la ONU comprobó "lo que los organismos de derechos humanos han dicho y denunciado durante décadas: que la desaparición es un crimen de lesa humanidad cuando es cometido de forma sistemática o generalizada", aseguró el experto.

El argentino señaló que este es el caso de países que han sufrido esta "forma de represión, propia del terrorismo de Estado", como Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet; Guatemala en el conflicto armado interno o Argentina cuando vivió la dictadura de Rafael Videla.

"Se trataba de un plan criminal ejercido, ideado y realizado desde el Estado mismo, y esto constituye el crimen de lesa humanidad, como lo ha confirmado nuestra Corte Suprema (la argentina)", enfatizó Mattarollo, cuyo país conformó con Chile el dúo que mayor impulso dio a esta iniciativa.

En Argentina se calcula que son 30.000 los desaparecidos, una cifra inferior en 20.000 a los casos de Colombia, donde habría unos 50.000.

El acuerdo contra la desaparición forzada hizo concreta la lucha de medio siglo por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de familiares de víctimas por contar con un "instrumento jurídico vinculante, de carácter universal" frente a este delito.

Distintas iniciativas de carácter humanitario, como la Convención Internacional, son analizadas en el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad, de tres días y que reúne hasta mañana a unos 400 delegados de 27 países de África, América, Asia y Europa.

El encuentro terminará con la adopción del Consenso Internacional sobre Normas Mínimas en Trabajo Psicosocial en Procesos de Desaparición Forzada y otras Graves Violaciones a los Derechos Humanos.

Mattarollo resaltó que este consenso debe llenar un vacío en la protección internacional de las víctimas de desaparición en los casos de exhumaciones.

"Es algo muy dramático, muy delicado, muy complejo, que realmente se debe tratar con mucha delicadeza y con mucha responsabilidad", advirtió el experto argentino.

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