Valencia, 9 abr (EFE).- El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, ha dicho hoy que se suspenderá la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal si el Tribunal Constitucional, "no los ciudadanos" o las protestas vecinales, así se lo ordenan.
En rueda de prensa, Grau se ha referido así a la aprobación, por parte del Consejo de Ministros de hoy, de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio del Cabanyal, tras el último dictamen del Consejo de Estado que así lo recomienda.
Según el concejal popular, "si el TC dice que hay que suspenderlo todo, pues lo suspenderemos todo. Siempre hemos acatado" las decisiones judiciales sobre este asunto, a lo que ha añadido: "Llevamos once años con esta broma", en alusión al proceso de elaboración y ejecución del PEPRI para ese barrio, que contempla también la prolongación hasta el mar de la avenida de Blasco Ibáñez.
Preguntado sobre qué hará el Ayuntamiento mientras el Tribunal Constitucional toma su decisión, Grau ha dicho que los derribos de las casas que son propiedad del Ayuntamiento -como las cuatro primeras que, según ha dicho, se han demolido esta semana con las cinco licencias de derribo conseguidas- podrán seguir adelante aunque eso dependerá "del ritmo" de nuevas licencias y de su número.
En este sentido, ha mostrado sobre un plano que en la calle de San Pedro, la mayoría de inmuebles (tanto casas como solares) pertenece ya al Consistorio y, por tanto, "es legítimo" que éste "actúe" próximamente "en sus propiedades", todas ellas deshabitadas y "en malas condiciones" como las ya demolidas y cuyas fotos documentales ha mostrado para calificarlas sarcásticamente como "joyas" de una arquitectura "surrealista".
Tras resaltar que ayer, "más que derribar, lo que se hizo fue limpiar escombros" de las demoliciones realizadas durante el martes y el miércoles, Grau ha insistido en que la zona que comprende el PEPRI está "fuera" del área BIC y que la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, "se mete donde no debe" al hacer declaraciones sobre este Plan pues su departamento "no tiene competencias" en la parte del barrio afectada por el planeamiento.
El primer teniente de alcalde ha dicho estar de acuerdo con el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, en cuanto a que las demoliciones "las paran los tribunales, no los ciudadanos", así como en que el Cuerpo Nacional de Policía actuó ayer "para garantizar el orden público; sí, señor".
En este sentido, ha reiterado sus críticas a la plataforma Salvem el Cabanyal por estar "con un grupo violento" que desde 1999 ha agredido física y verbalmente a los concejales del PP a raíz del citado Plan del Cabanyal: "Hace años que lo venimos advirtiendo", ha señalado para mostrar noticias y fotos de incidentes protagonizados por algunos de sus miembros durante la última década.
Ha dicho que a sus responsables, una vez escuchados sus argumentos contra el PP, la Justicia o la Policía, "les importa un pimiento la Democracia", ha criticado al PSPV por "respaldar" a los "estupendos y pacíficos ciudadanos de Salvem", y ha revelado que su portavoz, Faustino Villora, y su familia han adquirido desde 1997 cinco casas de este barrio, ante lo cual se ha preguntado si al haberlo hecho "a bajo coste" pretenden "especular" con ellas.
Grau ha detallado los informes del Registro de la Propiedad relativos a cinco inmuebles situados en las calles de San Pedro, de Luis Despuig y de la Reina (esta última, dentro de la zona BIC) para argumentar sus críticas a Villora, a quien ha retado a demandarle si lo que ha revelado hoy es incierto.
"O compra a bajo coste para especular, o gana como mínimo el doble si no se paraliza el Plan. No hay otra explicación", ha señalado para preguntarse si, con estos datos, se puede seguir afirmando que los responsables de Salvem "son honestos y ejemplares ciudadanos que defienden el centro histórico y a los que apoyan González-Sinde y Alborch".