El choque de trenes en que ha desembocado el diálogo social es objetivamente una mala noticia para el país, que ve cómo se desdeña una herramienta, el pacto social, de fuerte impacto psicológico sobre la actividad económica. En momentos en que todos los esfuerzos deben convergir en el objetivo de salir de la crisis, la incapacidad de los agentes sociales y del gobierno para dar preferencia al interés general sobre los pruritos sectoriales merece una seria y alarmada repulsa.
Conviene señalar, de entrada, que nuestro sistema de relaciones laborales está lleno de anacronismos por lo que es preciso emprender reformas estructurales de calado, como afirman enfáticamente los empresarios y conceden los sindicatos sin entusiasmo.
Pero en un momento de profunda recesión y con 4,14 millones de parados (el dato es del jueves), la urgencia no consiste en flexibilizar el empleo sino en ir preparando el terreno para allanar el penoso camino que deberemos recorrer para remontar el vuelo.
En otras palabras, ni es momento de abaratar el despido -sería indecoroso en las actuales circunstancias, dramáticas para tantos parados, cargar simbólicamente la culpa de la crisis sobre los hombros de los trabajadores- ni habría que perder un segundo en "negociar" la prórroga del subsidio de paro, que es obligada si se quiere evitar un estallido social.
Tampoco se presta a gran controversia la conveniencia de reducir las cargas fiscales y sociales a las empresas hasta donde sea razonablemente posible (hasta la sostenibilidad de la Hacienda pública y del sistema de Seguridad Social), al menos hasta que la depresión ceda y puedan buscarse y conseguirse nuevos equilibrios.
Subir el listón
Hoy, los grandes objetivos del pacto social deberían ser de mayor alcance: crear mecanismos de salvamento de los puestos de trabajo en empresas viables afectadas por la caída de la demanda, favorecer el crecimiento de sectores emergentes capaces de atraer empleo desde otros sectores en declive irremisible (construcción), promover la movilidad geográfica, perfeccionar los sistemas de formación, sentar las bases de una reforma de los regímenes de contratación para incrementar el empleo fijo...
Todos estos designios están abocados a promover la gran urgencia de este país, que se resume en un cambio del modelo de crecimiento -con pérdida de peso del sector del ladrillo- y en una conquista inaplazable de mayores niveles de competitividad. Y ante necesidades tan perentorias, es pueril centrar el diálogo social en asuntos menores.
Deseado consenso
Lo que hace falta, en fin, es que empresarios y sindicatos, empujados por el gobierno de turno, se enfrasquen sin recelos y de común acuerdo en la gran tarea de modernización de las estructuras productivas. En el bien entendido de que si no se hace de este modo, la salida de la crisis se retrasará en España con relación al contexto internacional.
Porque nosotros no sólo tenemos que recuperar la actividad: en gran medida, tenemos que cambiar de actividad.
Es evidente que la puesta en marcha de esta dinámica de modernización corresponde al Gobierno, y es dudoso que el ministro Corbacho, visiblemente sobrepasado por la realidad, sea consciente de ello y disponga de los resortes intelectuales necesarios para tan magna empresa.
En cualquier caso, no es razonable el afán de conseguir un acuerdo social a toda costa que impida avanzar hacia un pacto social de gran envergadura, como -sin ir más lejos- los que han servido ya para modernizar el tejido productivo de los países centrales europeos (Alemania, Francia o el Reino Unido), que ya tocan el final de la crisis con la punta de los dedos.
Diálogo fracasado
