El Partido Popular no quiere caer en la trampa del Gobierno y trata de evitar una división entre las comunidades autónomas en las que gobierna en función de cómo les trata el nuevo modelo de financiación, división que dañaría la imagen de unidad del partido, justo cuando la victoria en las elecciones europeas había conseguido una unanimidad aparente en torno a la figura de Mariano Rajoy. Antonio Beteta se ha preguntado hoy "¿por qué un catalán vale más de dos veces que un madrileño?"
Por eso, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, y el coordinador de Economía, Cristóbal Montoro, han convocado de urgencia a un almuerzo este martes en Madrid, a todos los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas gobernadas por los populares para definir una posición conjunta en la votación del nuevo modelo de financiación autonómica en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana.
La posición oficial de la dirección nacional del PP ha sido muy crítica con la propuesta presentada por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que aportará más de 11.000 millones adicionales al nuevo sistema de financiación.
El modelo destina un 80 por ciento de los recursos a financiar servicios públicos fundamentales de carácter social, educativo y sanitario. Un 75 por ciento surge de la recaudación de las autonomías que va a una bolsa común a la que el Estado añade una cantidad equivalente al 5 por ciento de la recaudación conjunta de las autonomías.
Cuatro fondos se articulan para garantizar igual financiación per cápita en términos de población ajustada -Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales-, de garantía del resto de competencias transferidas -Fondo de Suficiencia Global- y para nivelar deficiencias de convergencia interautonómicas -Fondos de Competitividad y de Cooperación-.
Apoyo a los Presupuestos
Un sistema que el primer partido de la oposición considera que es "antisocial y pone en riesgo el acceso a los servicios públicos mínimos". Además, los populares creen que "sólo busca el equilibrio político de Zapatero" en el Congreso de los Diputados -vía nacionalistas catalanes- máxime cuando el Gobierno enfoca la tramitación de los que serán sin duda los Presupuestos más controvertidos de los últimos tiempos, por la profunda crisis económica y el creciente déficit que propina la abultada caída de ingresos y la acumulación de gasto social y anticrisis.
Sin embargo, en la dirección del PP son conscientes de que el modelo de financiación diseñado por el Gobierno beneficia a algunas de sus comunidades más representativas, como Madrid y la Comunidad Valenciana, y ante la situación de asfixia financiera que están atravesando muchas autonomías, los dirigentes nacionales del partido están trabajando ya en la idea de que varias de sus comunidades no se opongan con un 'no' rotundo al nuevo modelo del Gobierno, sino que opten por la abstención.
Independiente de la postura sobre financiación, lo que sí tiene muy claro el equipo de Mariano Rajoy es que el Grupo Popular votará en contra de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) cuando llegue al Congreso tras las vacaciones de verano.
Discriminación a Valencia
El Gobierno valenciano anunció ayer su rechazo al nuevo sistema, porque "discrimina a los valencianos", según el consejero de Economía, Gerardo Camps, que exigirá 2.400 millones de euros, el doble de los asignados y que anunció que reclamará dinero para competencias propias como el prometido a Andalucía.
El consejero negó que el nuevo sistema beneficie a las autonomías que más han crecido en población, ya que este criterio "pierde peso" al haber aumentado la ponderación de la edad, dispersión, insularidad y otras variables.
Y criticó que se tome como referencia la población de 2007, lo que, dijo, perjudica a las que más han crecido en los últimos dos años, como la suya, donde "200.000 valencianos se han quedado fuera". Camps pronosticó que con este sistema "la Comunidad Valenciana seguirá a la cola de la financiación per cápita".
Quiebra principios en Castilla
Castilla y León ve en el nuevo modelo de financiación una "grave quiebra" de los principios de igualdad, suficiencia y solidaridad, a la vez que denuncia el "trato discriminatorio" que supone primar en el reparto el criterio de población para favorecer a Cataluña y Andalucía.
Sin datos oficiales, Castilla y León recibiría entre 497 millones y 520 millones de euros, lo que supondría "una pérdida de peso en términos relativos", ya que mientras los fondos totales crecen un 10 por ciento, el incremento para la región será del 6,5 por ciento, "con lo que alguien se llevará el 3,5 restante".
Cataluña: el tripartito lo celebra
Mientras el tripartito celebra el nuevo modelo de financiación como un "logro histórico", desde la oposición, el presidente de CiU, Artur Mas, tilda la situación de "esperpéntica" y explica que las cifras a las que se acoge el Gobierno catalán "son previsiones" y que, desde Madrid, "no hay cifras confirmadas".
Mañana estarán las cifras ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la posible abstención del Partido Popular planea sobre el escenario. Mientras, algunos escaños del parlamento tienen la llave de los Presupuestos Generales del Estado para 2010.
Cataluña gana en financiación
