Las defensa de los abogados Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta, han reclamado a el archivo de la causa en el conocido como 'caso Kutxabank' por un lado, al considerar que el Ministerio Fiscal y la Acusación Popular no están legitimadas para llevar esta causa penal sin la personación de Kutxanbank; y por otro, al estimar que se produce indefensión por el hecho de que en el transcurso de la instrucción se hayan cambiado los objetos de las acusaciones.
Por su parte, tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Popular han argumentado la necesidad de celebrar la vista oral, en base a que hubo denuncia por parte de Kutxabank sobre los hechos que ahora se juzgan, ya que fue la propia entidad financiera puso en conocimiento de la Fiscalía los pagos irregulares; y porque consideran que no se pueden obviar los delitos de administración desleal y falsedad en documento mercantil.
A la vista preliminar han acudido los tres acusados, el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández; el socio del despacho Alcorta y Asociados, Rafael Alcorta; y el ex delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, todos ellos ataviados con togas y formando parte de los equipos defensores. Por esta cuestión ninguno de los tres abogados procesados se ha sentado en el banquillo de los acusados.
A partir de ahora, la Sección Sexta de la Audiencia de Vizcaya tiene hasta el día 14 de febrero para dilucidar las cuestiones que le han planteado las partes en la sesión de vista previa del día de hoy. La sala deberá decidir si desestima por completo el caso o lo estima total o parcialmente. Si la Sala decide seguir adelante con la causa, las sesiones se prolongarán los días 14, 15 y 17 de febrero, tras lo cual quedará visto para sentencia.
El abogado de Mario Fernández, Carlos Bueren, enfatizó que no hubo denuncia formal de Kutxabank y que el banco en todo momento ha rechazado personarse como perjudicado; cuestionó la legitimidad de la forma en que Kutxabank informó de los hechos a la Fiscalía; considera un 'fraude de ley' estimar que se trata de un delito semipúblico y por tanto que deba ser seguido por la Fiscalía y de legitimidad a la Acusación Popular. Sostiene que no se ha aportado documento sobre el que supuestamente exista falsedad documental. Se quejó de que se haya tratado de relacionar este caso con la corrupción financiera que se ha producido en otras entidades y acusó a la acusación de buscar notoriedad política con la instrucción.
Por su parte, el abogado defensor de Rafael Alcorta, Javier Beramendi, centró sus recusaciones en supuestos defectos de forma por parte de Kutxabank para presentar el caso a la Fiscalía; estima que existe indefensión de los acusados porque lo que habría denunciado Kutxabank eran supuestos 'pagos irregulares' por servicios no prestados, pero que, en el transcurso de la instrucción, se ha modificado la acusación reconociéndose que se prestaron servicios pero que los mismos fueron demasiado caros, de ahí la administración desleal. Sobre la imputación de falsedad en documento mercantil rechazó los cambios realizados en el proceso sobre si fueron 32 o 1 documento sujeto a tal acusación.
La defensa de Mikel Cabieces, encabezada por el letrado, Jesús Urraza, recalcó que en todo momento la entidad perjudicada, Kutxabank, no se ha personado en el proceso y que trasladó los hechos a la Fiscalía, no por voluntad propia, sino por orden del Banco de España y del Banco Central Europeo. Además pidió la nulidad del proceso por la forma en que Kutxabank investigó los movimientos bancarios personales y privados de Mikel Cabieces, sin respaldo legal para hacerlo, considerando que se han vulnerado sus derechos y la Ley de Protección de Datos; y también rechazó que a su defendido se le pueda acusar de falsedad en documento.
Dureza de la Fiscalía y argumentos de la Acusación Popular
El fiscal Antonio Cortes insistió en acusar de administración desleal a Mario Fernández por utilización de fondos del banco para otros fines y afirmó que la propia devolución que hizo Fernández de los 243.592 euros de su propio bolsillo implica reconocer la irregularidad de su actuación. Rechazó que se violentase el derecho a la intimidad de los datos bancarios de Cabieces, ya que Kutxabank no difundió los datos de esa revisión que hizo de las cuentas; pero que si así fuera ello no debíera invalidar todo el proceso. Recalcó y argumentó en varias ocasiones que Kutxabank 'denunció' los hechos. Después se mostró especialmente duro al comparar el 'caso Kutxabank' con el delito de una violación, señalando que en el delito sexual el hecho de que la víctima finalmente no se persone en la causa, no implica que no hubiera delito y no deslegitima que la Fiscalía pueda continuar con la acusación.
Finalmente, la última en formalizar sus alegatos en la vista previa fue la abogada de la Acusación Popular, la abogada Jone Gorizelaia, que con citando múltiples referencias jurídicas y sentencias del Supremo y del Constitucional defendió la legitimidad de que se deba celebrar juicio a instancias solo de la Fiscalía y de la Acusación Popular. Recalcó que hubo una denuncia inicial por parte de Kutxabank, aunque después no se haya personado en la causa. Después rechazó que Kutxabank ejerciera intromisión en las cuentas privadas de Mikel Cabieces, por que el contrato de servicios financieros lo ampara. Reiteró la necesidad de que se celebre juicio, ya que los indicios de delitos no sólo han sido evidentes para Fiscalía y Acusación, sino para el juez instructor y para la Audiencia de Vizcaya admitiendo la apertura de juicio.
