El Gobierno se persona en la causa del fraude del coche eléctrico Hiriko

  • El escándalo salpica al PNV por sus vinculaciones con los promotores
  • Las mayores ayudas procedieron del Gobierno de Rodríguez Zapatero
  • El Tribunal de Cuentas del Estado examinará los casos Hiriko y Epsolin Euskadi
Prototipo del coche Hiriko en su presentación en Bruselas. Foto: EFE

La larga lista de presuntos delitos de fraude que enumera el fiscal jefe de Vitoria, Josu Izagirre, en su auto y las elevadas pérdidas públicas que ha supuesto el proyecto del coche eléctrico Hiriko, cerca de 17,7 millones, ha llevado al Gobierno central a personarse en la causa que instruye a partir de ahora el Juzgado número 3 de Vitoria.

El ejecutivo vasco, también afectado 'no descarta' personarse, pero por ahora no como acusación, sino para tener acceso a las diligencias que se tramiten. Desde el gabinete de Urkullu insisten en desvincularse del escándalo argumentando que en lo que se refiere al proceso de concesión de las subvenciones no aprecian irregularidades.

El proyecto de Hiriko, promovido por la asociación Afypaida, entre cuyos promotores hay varias personas muy vinculadas al PNV, suponía el desarrollo de un coche eléctrico íntegramente en Euskadi, que incorporaba como principal novedad un sistema de fabricación modular, por lo que no requería de grandes plantas productivas para su fabricación en serie, además de un novedoso sistema de motorización sustentado en unas ruedas especiales. Además para el desarrollo de sus novedades tecnológicas había establecido contactos con el MIT.

Sin riesgo para los promotores

El proyecto Hiriko, del que se hicieron un par de prototipos, recibió ayudas públicas por desarrollos tecnológicos por valor total de 17,7 millones, unos 15 millones del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y 2,7 millones del Gobierno Vasco. El respaldo público del Estado a este proyecto estuvo vinculado a los pactos presupuestarios de Zapatero con el PNV.

El fiscal de Vitoria relata en su auto la gran cantidad de fondos públicos que fueron a parar a un proyecto cuyos promotores no tenían 'experiencia, conocimiento, ni infraestructura alguna para el diseño y fabricación de automóviles'.

Responsabiliza a los promotores de que, con el pretexto del coche, habrían ideado 'un plan' para que dichos desarrollos fueran sufragados por fondos públicos y detraer parte de dichos fondos en beneficio propio o de terceros.

Además, la estructura del proyecto implicaba que a pesar de ser financiado con fondos públicos, los beneficios que pudieran obtenerse recayeran sólo en los promotores de Hiriko, mientras que si fracasaba las pérdidas serían asumidas sólo por las Administraciones.

El fiscal de Vitoria se muestra muy duro al señalar que en el proyecto de Hiriko aprecia presuntos delitos de: malversación de fondos públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones públicas, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

De esta forma cursa acusación directa contra Jesús Echave Román, Fernando Echaerandio Díaz de Guereñu, Francisco Javier Calera Marco, Iñigo Antia Vinos, José Luis Bengoechea Pierrugues y José Barreira Lorenzo; y contra la asociación Afypaida.

En el auto de 17 páginas y en las 35 cajas de documentación remitida al juzgado, el fiscal repasa todo el entramado societario promovido desde Afypaida para sus fines.

El Tribunal de Cuentas fiscalizará los coches vascos

Los proyectos de Hiriko y del Epsilon Euskadi (éste consistente en el desarrollo de un centro tecnológico y de un vehículo de alta competición) recibieron casi 58 millones en subvenciones públicas, sin que los promotores de los mismos aportasen apenas capital. Epsilon recibió 40 millones e Hiriko casi 18 millones. La mayor parte de las ayudas de ambos proyectos procedieron del Gobierno central.

El concurso de Epsilon fue declarado culpable y Joan Villadelprat, fue inhabilitado y multado con 900.000 euros.

A pesar de que el Parlamento vasco creó una comisión de investigación sobre las subvenciones públicas otorgadas a los proyectos de Epsilon Euskadi e Hiriko, en la que se determinaron responsabilidades políticas del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, la misma no tuvo acceso a la totalidad de la información, ya que de la misma quedó excluido el estudio de las subvenciones del Gobierno central.

Ahora el Tribunal de Cuentas del Estado fiscalizara todas las ayudas de Epsilon e Hiriko, ya que fue una de las peticiones de la comisión de investigación parlamentaria.

La fiscalización de las cuentas de ambos proyectos ha estado rodeada de una intensa polémica en Euskadi. Por un lado, el análisis de las subvenciones de Epsilon desencadenó una gran crisis en el Tribunal Vasco de Cuentas, después de que su presidente, José Ignacio Martínez Churiaque, denunciara que el informe fue cortado en su fase final, en el pleno, por los vocales nombrados por el PNV y el PSE, quitando información, reduciendo la auditoria a una parte mínima de las ayudas públicas y eliminando muchas de las conclusiones que cuestionaban la legalidad en la concesión de las subvenciones.

En el caso de Hiriko no hubo conclusiones porque aún el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no ha remitido su informe.

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