Montoro amenaza al Gobierno vasco con la justicia penal y el Constitucional si abona la extra de Navidad

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro no está dispuesto a que las comunidades autónomas que incumplan la obligación de eliminar la paga extra de navidad para los funcionarios y trabajadores públicos. En un comunicado oficial advirtió ayer al Gobierno vasco, una de las administraciones que anuncia que lo incumplirá, que si mantiene su decisión de abonarla además de encontrarse con un recurso ante el Tribunal Constitucional podría incurrir en un delito de 'prevaricación'.

La palabra prevaricación fue una de las más citadas al hablar ayer del anuncio del Gobierno en funciones de Patxi López de abonar la paga extra de Navidad a los funcionarios del Ejecutivo y sus sociedades públicas dependientes. Fue mencionada por el Ministerio de Hacienda y también fue uno de los argumentos de la Diputación Foral de Vizcaya, gobernada por el PNV, para argumentar el por qué la institución foral no ejecutará el pago.

Según el Ministerio el Ejecutivo vasco 'podría encontrarse con problemas penales por un supuesto delito de prevaricación por aplicar una medida 'a sabiendas de que es una injusticia''. Recalcaron que el Real Decreto Ley 20/2012 'prohibió el abono de la segunda paga extra de este año para los funcionarios públicos de todo el país, sin excepciones, dentro de las medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria'.

Además el equipo de Montoro recurriría ante el Tribunal Constitucional 'por tratarse del incumplimiento de una normativa básica estatal. Adoptar una decisión de estas características, obviando la normativa básica de aplicación directa y prevalente sobre las normas autonómicas anteriores contrarias a aquella, por tanto, supone una clara vulneración del orden constitucional'.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, insistió ayer que ellos compensarán la supresión de la paga extra de Navidad con el adelanto de la paga de junio de 2013 a enero del nuevo año. De esta forma la Diputación busca 'intener que el daño sea lo menor posible' y 'garantizar el poder adquisitivo' de los empleados forales y también busca inyectar dinero a la economía para dinamizar el consumo y el comercio, sector este último que está padeciendo los graves efectos del descenso del consumo.

Bilbao no quiso entrar a valorar directamente la decisión del lehendakari en funciones Patxi López (sólo pronunció que le parece 'ni bien ni mal'), pero apeló en varias ocasiones al concepto de 'seguridad jurídica' en las retribuciones de los funcionarios 'que hay que mantener', en referencia a que en una sentencia judicial posterior los empleados tuvieran que devolver lo cobrado.

Asimismo explicó que la situación jurídica de las Diputaciones y Ayuntamientos, ya que en éstas instituciones las regulaciones tienen carácter de Normas y no de Leyes, por lo que está claro que un Real Decreto Ley es una regulación de ámbito superior y que incurrirían en delito si la incumplen y 'nosotros no estamos dispuestos a cometer un delito'. En cambio, explicó, en el caso del Gobierno vasco al ser una ley autonómica podría ser interpretable el rango de preeminencias de cada una de las leyes, pero Bilbao evitó tomar ninguna posición o valoración sobre este caso concreto.

En la misma línea que la Diputación de Bizkaia se posicionó la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) que recomienda a todos los Ayuntamientos a que eliminen la paga de Navidad, pero también a que opten por adelantar la paga de junio a enero 2013 para compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de Función Pública de Eudel, Aitziber Idigoras, dijo que la asociación de municipios vascos lleva 'muchos meses' trabajando en esta cuestión y pese al 'disgusto" que les provoca, "de manera realista' y 'apelando a un mínimo sentido de la responsabilidad', no se puede hacer 'otra cosas que aplicar esa normativa que se nos presenta como básica y de directa aplicación a todos los ayuntamientos del Estado'. Idigoras se lamentó de que 'si hubiera sido posible, nos habría encantado consensuar con las instituciones (en relación al Gobierno vasco y Diputaciones) este tema y todos los que tienen que ver con los trabajadores'.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que fuera el respaldo del Gobierno del PSE antes de las elecciones, cree 'muy poco responsable' que el lehendakari en funciones, Patxi López, decida abonar la extra y 'deje atado', de esta forma, al próximo Gobierno del PNV.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Basagoiti criticó a López por 'sacar la cabeza' al final de la legislatura, actitud que le parce que 'está siendo muy poco responsable' al pagar la extra. 'Y esto se acaba pagando en las urnas, y puede que el PP haya sacado menos votos de los esperados por haber apoyado a un lehendakari como López, que hace este tipo de cosas', señaló.

La postura navarra

El consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, considera que en la decisión del Gobierno vasco existe un 'componente de temeridad importante', ya que la prohibición de aplicarla es 'norma básica'. El consejero navarro se 'sorprende' por la 'tardanza en su aprobación' o la 'prisa por hacerlo desde un Gobierno interino que está ya en funciones'.

Sobre Navarra, el consejero dijo que el Parlamento navarro 'se tiene que pronunciar' y que el Gobierno foral 'plantea cumplir la ley y garantizar que con el adelanto de la paga al mes de enero los funcionarios disfruten de esa extra'. 'Es el Parlamento el que se tiene que pronunciar sobre ésta y otras iniciativas', agregó.

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