La Justicia vasca se está rebelando contra el incremento de las tasas judiciales, el empeoramiento del funcionamiento de la Justicia gratuita y contra la desprotección en la que quedan las familias sobreendeudadas afectadas por el paro que se ven sometidas a desahucios. Así el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra manifestó que 'si la crisis justifica el rescate supermillonario de las entidades bancarias, con mucha mayor razón debe dotar de legitimidad el rescate de las familias que pueden perder su vivienda habitual'.
Por su parte los tres Colegios de Abogados vascos han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el decreto de Justicia Gratuita del Gobierno vasco que regula la atención jurídica de las personas sin recursos.
El recurso, que también ha sido presentado por el Consejo Vasco de la Abogacía, alega que la normativa que entró en vigor el pasado 1 de septiembre es 'ineficaz' y está provocando 'casos de indefensión' debido al retraso en las designaciones de los abogados de oficio. También argumenta que está habiendo una ralentización de los procesos judiciales y una mayor carga burocrática debido a la documentación requerida para solicitar la justicia gratuita y que la tendencia es a empeorar en los próximos meses, lo que podría provocar consecuencias muy negativas en el funcionamiento del sistema judicial.
Estas cuestiones fueron analizadas en el transcurso de unas jornadas sobre 'Propuestas de actuación en el ámbito de la protección de deudores hipotecarios', organizadas por el Colegio de Abogados de Vizcaya.
El recurso presentado por los Colegios de Abogados vascos está pendiente de la admisión a trámite por parte del TSJPV. El decano del Colegio de Vizcaya, Nazario Oleaga, explicó que las designaciones de letrados de oficio podrían demorarse hasta que el usuario tenga concedida formalmente el derecho a la justicia gratuita, lo que podría suponer esperas de hasta dos meses, cuando con la anterior regulación se hacía en menos de tres días.
Oleaga constata que en el mes y medio que el decreto del Departamento de Justicia del Gobierno vasco lleva vigente, 'ha demostrado su ineficacia y no beneficia a nadie' y está acarreando 'consecuencias muy negativas' ya que 'perjudica notablemente a los ciudadanos más necesitados, que corren un grave riesgo de indefensión'. Además se producen perjuicios para los propios abogados, que en algunos casos, no cobran prestados porque a algunos defendidos se les niega la Justicia gratuita. Además se estarían produciendo retrasos importantes en casos de violencia de género, desahucios por ejecuciones hipotecarias e impagos de rentas.
También denunció la 'total improvisación' en que se encuentra el sistema, ya que el Gobierno de Vitoria 'ni siquiera ha elaborado los formularios que deben ser cumplimentados por usuarios y letrados, y la aplicación informática no está operativa a fecha de hoy'. En esta misma línea, la libre elección de abogado, una de las novedades que introducía el decreto, 'no puede ejercitarse porque falta el desarrollo de la norma'.
Ayudas para los desahuciados
El presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, lleva más de un año clamando por la articulación de medidas que permitan mitigar la situación que viven las familias que están sobreendeudadas y que se ven abocadas al desahucio al no poder hacer frente a sus hipotecas por haberles sobrevenido el desempleo.
En las jornadas del Colegio de Abogados de Vizcaya, Ibarra explicó que la filosofía jurídica que se aplica en los desahucios viene desde 1360, en la época de Pedro el Cruel, cuando se 'ajustaban las cuentas a los deudores o morosos de mala fe'. Sin embargo, en la actual situación de crisis, Ibarra entiende que las familias sobreendeudadas actuaron de buena fe al pedir sus hipotecas y que no pudieron 'preveer' los efectos que tendría la crisis.
Por ello, Ibarra abogó porque jueces, abogados, notarios registradores de la propiedad y fiscales hagan 'un derecho vivo, que se adecue a la realidad de las personas sobreendeudadas de buena fe a las que la crisis ha colocado en situaciones de extraordinaria vulnerabilidad'.
En esta misma línea, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, manifestó que el Ministerio Público tiene también 'algo que decir' ante esta situación 'tan dramática', originada por la 'terrible' crisis económica, en la que el interés social y el derecho a una vivienda digna se encuentra 'claramente condicionado'.
Tras explicar que la fiscalía no es parte en el proceso civil ordinario de ejecución hipotecaria, que en la mayoría de los casos conlleva el desahucio, Calparsoro apuntó que 'se pueden buscar fórmulas' para que el Ministerio Público intervenga 'desde una visión práctica'.
En este sentido, recordó que una de las funciones de la Fiscalía es velar por los derechos fundamentales y libertades públicas 'con cuantas actuaciones exija su defensa', así como la defensa del interés social. Otra vía podría ser la tutela de menores, en que el Ministerio Fiscal podría intervenir en un proceso de desahucio en aquellos casos en que en las familias afectadas hubiera menores que pudieran verse perjudicados.
Tambien apuntó que podría haber algún tipo de intervención de la Fiscalía en caso de que se hubieran producido las condiciones agresivas o abusivas en la concesión de los créditos
Incremento de tasas
Otra de las materias sobre las que la Justicia vasca está mostrando gran preocupación ha sido las medidas de incremento de las tasas y costas judiciales, además de la paralización en la creación de órganos judiciales que descongestionen la labor de los juzgados.
Así, a finales de septiembre, con motivo de la apertura del Año Judicial, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, no desaprovechó el acto solemne para expresar otra preocupación judicial, ya manifestada por el órgano colegiado de Gobierno del TSJPV, sobre este tema. Por ello reclamó al Gobierno que no 'ciegue el acceso a la jurisdicción' a los ciudadanos 'mediante tasas y costas' y con insuficientes recursos para la asistencia jurídica gratuita.
Por ello, reclamó directamente al Gobierno central que 'recupere la centralidad en la definición y en la gestión de las políticas ministeriales de modernización de la Administración de la Justicia', cuestión que calificó de 'urgente'.
Si estas recomendaciones cayeran en saco roto, Ibarra manifestó en aquella ocasión que 'los jueces debemos nutrirnos de legitimidad convirtiendo en derecho vivo el principio de que los derechos sociales de base constitucional no están a merced de las fuerzas del mercado'. Así expresó a la sociedad que desde la Justicia 'asumimos la responsabilidad en una reconstrucción del valor constitucional de la Justicia que prepare un futuro Post-crisis', en el que el 'imperio de la ley' se mantenga como 'eje vertebrador'.
