La Compañía Vinícola del Norte de España SA (CVNE) reconoció ayer, a través de un comunicado a la Comisión nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha pagado a la Diputación Foral de Álava 12,4 millones de euros en concepto de devolución de las ayudas fiscales a las que se acogió en los años noventa, popularmente conocidas como 'vacaciones fiscales'. La compañía ha anunciado medidas legales para tratar de recuperar esos fondos.
En concreto Cvne se acogió al crédito fiscal del 45 por ciento para las grandes inversiones, lo que le dio derecho a una bonificación fiscal de 8.381.168,83 euros, pero el pago que ha tenido que hacer a la Haciendo Foral supera los 12,4 millones, ya que ha tenido que satisfacer 4.049.306,17 euros en concepto de intereses de demora, que corresponden al tiempo que las instituciones vascas estuvieron litigando con la Comisión Europea, desde 2001, y hasta el cambio final de postura realizado por la Hacienda alavesa reclamando la devolución total de los incentivos, que se produjo en 2011.
Cvne, que cotiza en bolsa, ha explicado a los inversores que esta devolución no tendrá efectos en su cuenta de resultados de 2012, ya que las cantidades se han satisfecho con cargo a la cuenta del ejercicio 2011. De todas formas, la compañía 'ha encargado a sus servicios jurídicos la interposición de los correspondientes recursos encaminados a la recuperación total o parcial de los importes satisfechos'.
Hay que recordar que las 'vacaciones fiscales' y el 'crédito fiscal' de los años 90 fueron aprobados por las Diputaciones Forales, las empresas invirtieron y se acogieron a los mismos en la confianza legítima de que eran legales, pero después la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los declararon ilegales y exigieron la devolución de los incentivos. En esta devolución las empresas no sólo han de devolver las bonificaciones fiscales a las que se acogieron legalmente en principio, sino hacerse cargo de los intereses de demora por la prolongación jurídica del proceso en las instituciones europeas, que constantemente fueron recurridas por las Haciendas vascas.
A Baron de Ley en 2011 le reclamaron 11 1 millones tras haber pagado antes 1 8 millones
