El Gobierno vasco ha decidido retirar de forma cautelar las ayudas sociales de la renta de Garantía de Ingresos (RGI) a un total de 5.668 personas por negarse a participar en planes de empleo, estar ilocalizables o no presentarse a su cita con su orientador profesional sin causa justificada. Esto supondrá un ahorro anual de 47,88 millones, lo que representa el 12% del presupuesto total para la RGI.
Desde principios de este año es el servicio vasco de empleo Lanbide, dependiente del Gobierno vasco, el que gestiona y abona las ayudas de la RGI que antes tramitaban Diputaciones Forales y Ayuntamientos. Además, como novedad de este año se ha vinculado el pago de las ayudas sociales a la disponibilidad de los beneficiarios a reintegrarse en el mundo labora, ya sea con la aceptación de ofertas e empleo o con su participación en planes de formación ara su empleabilidad.
Tras asumir la competencia de las políticas activas de empleo y la gestión de las ayudas sociales, Lanbide ha realizado dos grandes campañas de inspección para comprobar que los beneficiarios de las mismas cumplían todos los requisitos.
La primera gran inspección y comprobación de expedientes se produjo en el primer trimestre de 2012, en que Lanbide decidió suspender de forma cautelar el abono de la RGI a 2.031 perceptores de la RGI por encontrarse ilocalizables. La ley exige que los beneficiarios de las ayudas estar localizables para poder responder a planes de formación u ofertas laborales. La suspensión de estos expedientes supuso un ahorro de 17,28 millones de euros al año.
La segunda gran inspección, desarrollada en el segundo trimestre del año ha derivado en la anulación cautelar de las prestaciones para otras 3.637, esta vez por al negarse a participar en un plan de empleo, estar ilocalizables o no presentarse a su cita con su orientador profesional sin causa justificada. En este caso el ahorro para las arcas públicas será de 30,60 millones de euros al año.
Por tanto, entre las dos campañas de inspección, el Gobierno vasco ha suspendido las ayudas de RGI a 5.668 perceptores, con un ahorro del 12,3% del presupuesto destinado el año pasado a esta partida.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Genma Zabaleta, de la que depende el Servicio Vasco de Empleo Labide señala que 'el sistema de cobertura y protección vasco es muy amplio, protege intensamente a las personas en situación de vulnerabilidad, pero también es un sistema que debe ser exigente en el cumplimiento de la ley y que debe determinar con claridad que detrás de cada nómina de RGI hay personas que viven permanentemente en Euskadi y que además están dispuestas a ser activadas para el empleo'.
En los programas especiales de activación del empleo, Lanbide se ha encontrado con personas que rechazaron sin justificar integrarse en planes de empleabilidad, muchos de ellos preceptores de ayudas. Eso sucedió con 451 casos en el plan de nueve zonas desfavorecidas y en 336 casos en el plan de Bilbao. Por otro lado, Lanbide citó a 19.000 perceptores de ayudas para diseñarles 'procesos de activación laboral', pero en 2.780 casos fue imposible por estar ilocalizables o negarse a ello. Otros preceptores a los que se han retirado ayudas son delincuentes probados, en este caso 70 personas, que han sido expulsados del país por orden judicial y que seguían cobrando las ayudas sociales.
