La patronal alavesa SEA reclama a las instituciones vascas (Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos) que el dinero revertido por las empresas en concepto de las conocidas como vacaciones fiscales reviertan en 'incentivar la actividad económica' y no en otro tipo de gastos. Además, así indican se 'minimizaría' el daño que las regulaciones fiscales causaron a las empresas que se acogieron a ellas
La patronal consideran que en este viejo litigo, que ha supuesto un enorme coste económico para las empresas, tanto las Diputaciones, como las Juntas Generales y los partidos políticos 'tienen una deuda con el tejido económico' que lo único que hizo es acogerse a unas normativas legales por ellos aprobadas.
Sin embargo, después la Comisión Europea las declaró ilegales y las empresas vascas se han visto obligadas no sólo a devolver los incentivos, sino fuertes intereses de demora por los mismos, que superan ya los 100 millones. En la coyuntura actual, no se descarta que algunas empresas vean en riesgo su viabilidad por la exigencia de las devoluciones.
SEA recalca que las empresas 'han pagado muy caro las consecuencias de un error que no cometieron, pero en el que se han visto involucradas precisamente por confiar en nuestras instituciones y por apostar por el crecimiento económico y el bienestar social de nuestra provincia'.
La patronal alavesa estima que 'una forma de minimizar el gran daño causado' por aquellas medidas fiscales sería que lo devuelto 'por las empresas sea revertido por las instituciones al conjunto de sociedad dinamizando la actividad económica, animando la financiación, generando empleo a través de proyectos concretos'.
La apelación al conjunto del sistema institucional vasco, radica en el hecho de que aunque son las Diputaciones Forales las que recaudan, después el conjunto de los fondos se reparten entre todas las instituciones en base al sistema establecido por la Ley de Aportaciones y lo acuerdos del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.
Aunque se desconoce con exactitud las cantidades devueltas por las empresas y de que aún no estén ejecutadas todas, la cifra ronda los 391 millones, en los que se incluyen 101 millones por intereses de demora, según se extrae de los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP)
