El grupo siderometalúrgico Celsa ha anunciado el cierre de las plantas alavesas de su filial Celsa Atlantic, antigua Laminaciones Arregui, lo que implica el despido de sus 352 trabajadores. El anuncio llega después de la falta de acuerdo entre la dirección y los sindicatos en otra propuesta de reducción de costes y de plantilla, pero que mantenía las plantas abiertas.
El pasado mes de abril la compañía presentó otro plan de reducción, por el cual se planteaban 91 despidos, una reducción salarial del 30% y un aumento de la jornada laboral de 104 horas, según denunciaron los sindicatos que no estaban conformes con los planes porque tampoco se les aseguraba la continuidad de las fábricas alavesas. La compañía argumentaba la necesidad del plan como alternativa al cierre de las dos plantas.
Una representación de la plantilla de esta compañía se ha concentrado este jueves frente al Parlamento vasco, en Vitoria, para denunciar su situación. El presidente del comité, Asier Giraldo, en declaraciones a los periodistas, ha explicado que la empresa presentó este pasado miércoles un ERE de extinción que plantea el cierre de las plantas de Vitoria y Urbina y el despido de las 352 personas que trabajan en ellas.
La dirección y el comité de Celsa Atlantic tienen previsto reunirse el martes próximo para tratar de acercar posturas. Giraldo ha considerado que el ERE de extinción podría ser una especie de 'órdago' para que la plantilla acepte la oferta anterior de la dirección, que consistía en 91 despidos, reducción salarial y mayor flexibilidad laboral.
Giraldo ha afirmado que el comité esta dispuesto a aceptar las condiciones planteadas, pero siempre que la dirección ofrezca 'garantías' de que, de esa forma, no se cerrará la empresa más adelante. 'Sabemos que cualquier acuerdo va a ser malo', ha reconocido, dado que, tras la presentación del ERE de extinción, la plantilla puede verse 'en la calle' a partir del próximo mes.
En caso de que se confirme el cierre de las plantas de Álava, Asier Giraldo no descarta que también se pueda estar en peligro la planta vizcaína de Nervacero, que también pertenece a CELSA y en la que trabajan alrededor de 350 operarios.
