Cerca de 220 empresas vascas están muy preocupadas estos días, acaban de ver cómo la Diputación Foral de Vizcaya cambia el criterio que ha defendido durante años sobre cómo resolver los expedientes de la Comisión Europea que calificaron de ayudas de estado ilegales tres incentivos fiscales a la inversión vigentes en el País Vasco en los años noventa del pasado siglo.
Cerca de 220 empresas vascas están muy preocupadas estos días, acaban de ver cómo la Diputación Foral de Vizcaya cambia el criterio que ha defendido durante años sobre cómo resolver los expedientes de la Comisión Europea que calificaron de ayudas de estado ilegales tres incentivos fiscales a la inversión vigentes en el País Vasco en los años noventa del pasado siglo.
El motivo que ha llevado a la Diputación a efectuar este cambio se debe a la implacable reclamación de la Comisión Europea, que si no se satisfacen sus exigencias, conllevará una multa millonaria que castigaría muchísimo las arcas públicas.
La Diputación vizcaína anunció la pasada semana que adicionalmente 26 empresas deberán ingresar en las arcas del fisco 65 millones, con lo que espera calmar a la Comisión Europea lleva reclamando esto desde el año 2000.
Bruselas cuantifica en cerca de 700 millones la repercusión fiscal de los polémicos incentivos vascos de los años noventa: Vacaciones fiscales del año 1993 y 1994 para empresas de nueva creación; Crédito fiscal del 45 por ciento para las grandes inversiones de 1996; y Minivacaciones fiscales de 1996 para empresas nuevas. En esos 700 millones reclamados, se incluyen tanto las cantidades de los incentivos, como los fuertes intereses de demora que han de pagar las empresas por el tiempo transcurrido.
El avance de los expediente y las primeras sentencias condenatorias del Tribunal de Luxemburgo hicieron que en 2007 las Diputaciones, dieran marcha a tras y aceptasen empezar a reclamar las cantidades a las empresas
Así entre 2008 y 2009 las Diputaciones Forales acreditaron haber exigido la devolución de 261,86 millones procedentes de 110 empresas.
Por tanto, la cantidad pendiente de reclamar rondaría, según Bruselas, a los 500 millones, cifra de por sí muy elevada, pero más aún en un contexto de crisis económica sin precedentes. El presidente de la patronal vasca, Confebask, Miguel Ángel Lujua, advirtió hace escasos días que la exigencias de éstas nuevas devoluciones podría ser un 'desastre económico' para algunas compañías.
Álava y Guipúzcoa a la espera
Abierta la caja de Pandora, la Diputación de Vizcaya, en manos del PNV, no ha cesado de recibir críticas, especialmente procedentes del Gobierno vasco, ocupado por los socialistas; y de la Diputación de Álava, ahora gobernada por el PP.
La Diputación de alavesa se niega a realizar un giro semejante, rechazan reclamar nuevas devoluciones a las empresas y critican a Vizcaya por romper el hasta ahora criterio único defendido por las tres instituciones ante Bruselas.
Desde Guipúzcoa, Bildu parece no tener las ideas claras. La izquierda abertzale mientras estaba en la oposición reclamaba que las empresas devolviesen los incentivos, pero ahora que tiene responsabilidades de Gobierno y se encuentran con que tendrían que asumir el papel de ser quien exigiera esos fondos a las empresas, se limita a manifestar que están 'trabajando en el tema', que es 'prematuro manifestar públicamente cuál es la situación', y que están 'estudiando diferentes fórmulas' para una cuestión que 'tiene unas consecuencias jurídicas y económicas muy graves'.
Por último, desde el Gobierno vasco, mientras se acusa a las Diputaciones de haber agravado el asunto al enrocarse en unas posiciones que han dilatado durante demasiados años el litigio, ahora se critica a Vizcaya por haber cambiado de criterio y plantean la necesidad de buscar fórmulas que permitan ayudar a mitigar los perjuicios económicos para las empresas.
Almunia el responsable
Como consecuencia de una serie de sentencias de la Corte Europea de Luxemburgo, las Diputaciones Forales vascas terminaron por asumir que los incentivos eran ilegales, por lo que tenían que empezar a reclamar las cantidades a las empresas.
Además del coste en si mismo, la exigencia de devoluciones tenía un importante coste político, ya que implicaba tener que actuar contra muchas de las grandes empresas vascas, las más inversoras.
Para minimizar los daños, las Diputaciones, en colaboración con las patronales y las empresas, calcularon que las cantidades a devolver no serían la de los incentivos íntegros, sino la parte que excediera del porcentaje de ayudas públicas que legalmente sí tenía reconocido el País Vasco desde la Comisión Europea. En los años noventa, en base al Mapa de Incentivos Regionales a la Inversión, Euskadi podía dar ayudas de hasta un 20 o 25 por ciento de las inversiones.
Bruselas no acepta este criterio, reclama la devolución íntegra.
El nombramiento de Joaquín Almunia como Comisario de la Competencia, abrió la esperanza de que pudiera abrirse una vía política para resolver el asunto. Almunia no sólo es español, sino que es vasco y conoce perfectamente las peculiaridades del sistema fiscal vasco.
Sin embargo, esta vía no ha obtenido el resultado esperado por las Diputaciones. Al contrario, Almunia ha continuado con los expedientes e incluso ha sido el comisario que ha ordenado que se tramite una multa millonaria contra las Administraciones vascas por su reiterada negativa a cumplir con las exigencias comunitarias.
Tampoco la patronal vasca sale bien paradas en este litigio. En una entrevista publicada en El Correo, el diputado de Hacienda de Vizcaya, José María Iruarrizaga, atribuyó la negativa de las Diputaciones a facilitar a la Comisión Europea los nombres de las empresas beneficiadas por los incentivos a una petición expresa de la patronal vasca.
No se conocen todos los datos
Aún es difícil conocer con exactitud las empresas que se beneficiaron de los incentivos y la cuantía global de los mismos.
Desde las Diputaciones sólo se ha facilitado públicamente los datos de las empresas que han devuelto parte de los incentivos (110 compañías) y la cantidad global (261,86 millones).
Sin embargo, a través de los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), como aparece en el cuadro adjunto, hay 109 empresas que no han devuelto nada por no haber habido 'exceso' de ayudas, otras 44 que renunciaron a los incentivos y los devolvieron íntegros y 2 más que dicen que sólo les es aplicación el antiguo tratado CECA.
Empresas sin salida administrativa, ni judicial
Además del perjuicio económico que se deriva de la obligación de devolver los incentivos, más los intereses de demora, éstas empresas han de hacer frente al coste de imagen que supone que se las identifique con haberse aprovechado de unas ayudas ilegales que distorsionan la competencia.
Según han denunciado en reiteradas ocasiones las organizaciones patronales vascas, las verdaderas víctimas son las compañías que se animaron a invertir en el País Vasco incentivadas por unas regulaciones fiscales aprobadas por las Instituciones competentes, en confianza de ley, y después han salido perjudicadas por ello.
La mayoría de las empresas afectadas han recurrido las devoluciones por la vía administrativa, pero las han desestimado. A continuación, han acudido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Pero la vía judicial tampoco resulta. En mayo la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV desestimó el recurso de la empresa Ros Casares Centro del Acero, filial alavesa del grupo valenciano, al determinar que la resolución comunitaria es ante todo 'firme y de obligado cumplimiento', sin entrar a resolver los defectos formales y jurídicos sobre el modo de recuperación de las ayudas.
